La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aprobó un nuevo Plan de Inteligencia Nacional (PIN) que encendió todas las alarmas. El documento, de 170 páginas, habilita la vigilancia de personas que generen desconfianza sobre los funcionarios o que cuestionen las políticas del presidente Javier Milei. Bajo esta lógica, podrían ser espiados periodistas, economistas, académicos o cualquier otro actor que influya sobre la opinión pública en sentido contrario a la gestión oficial.

El plan fue revelado este domingo en una nota firmada por Hugo Alconada Mon en La Nación y está bajo la órbita de Sergio Neiffert, hombre clave de Santiago Caputo, quien mantiene el control de la SIDE a través de dirigentes de su riñón. La gravedad del contenido no solo radica en la posibilidad de realizar tareas de espionaje interno, algo prohibido por la ley, sino también en los amplios márgenes de interpretación que tiene el texto para decidir a quién vigilar.

Al borde de la censura: el Gobierno habilitó el espionaje interno contra quienes critiquen sus políticas

Entre los objetivos marcados por el PIN figuran aquellos que puedan “erosionar la confianza de la opinión pública” sobre los funcionarios, o causar una “pérdida de confianza” en las decisiones económicas del Ejecutivo. También quedan en la mira quienes manipulen la opinión pública durante procesos electorales o generen “desinformación”, una categoría tan amplia como peligrosa si no tiene límites jurídicos claros.

El documento también señala la posibilidad de investigar a quienes promuevan la distorsión de la percepción y afecten los procesos “cognitivos” de la opinión pública. Esto incluye el uso de inteligencia artificial, lo que deja la puerta abierta a avanzar sobre contenido digital o redes sociales. ¿Incluye este criterio los videos falsos de Mauricio Macri o Silvia Lospennato que circularon en plena campaña porteña? En ese momento, desde el propio Gobierno los calificaron como "chistes de las redes".

Aunque algunos puntos del PIN continúan con políticas ya vigentes —como la prevención del terrorismo, la defensa de intereses en el Atlántico Sur o la lucha contra el crimen organizado— el giro en el foco interno no pasa desapercibido. La idea de que el Estado investigue a quienes opinen en contra del oficialismo tensiona los límites democráticos y el derecho a la libertad de expresión.

La preocupación se agrava con el aumento presupuestario que recibió la SIDE. A principios de mayo, mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno decidió agregar $25.000 millones al presupuesto de la agencia de inteligencia. De ese total, $8.000 millones serán destinados a gastos reservados, es decir, dinero que puede usarse sin control parlamentario. Este tipo de fondos ya habían generado escándalos en gestiones anteriores, especialmente cuando el año pasado se transfirieron más de $100.000 millones al programa sin explicaciones claras.

El Plan de Inteligencia Nacional está vigente, aunque no fue presentado públicamente ni debatido en el Congreso. Se trata de un documento clasificado que marca el rumbo de la SIDE para los próximos años. Si bien algunos de sus lineamientos tienen continuidad con gestiones anteriores, lo que lo diferencia es la explicitación de que se pueden tomar como blancos de inteligencia a ciudadanos que piensan distinto. Un avance silencioso que parece escrito a medida de un Gobierno que insiste, cada vez con menos disimulo, en identificar al disenso como una amenaza.