Alberto Fernández firmó el escrito enviado por el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, para relevar de secreto a Mauricio Macri y que pueda declarar como sospechoso de haber ordenado el espionaje a familiares de víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

En la carta Bava recuerda que se consultó en su momento a la Agencia Federal de Inteligencia si era necesario relevar de la obligación de guardar secreto a Macri en tanto ex presidente y la respuesta fue que la actual interventora no podía realizar ese trámite.

La explicación es que Cristina Caamaño puede autorizar a declarar a agentes o ex agentes, pero no a quienes en forma jerárquica están o estuvieron por encima de su cargo. La AFI depende en forma directa de la Presidencia de la Nación.

Por eso el juez entendió que Macri podía declarar. Sin embargo, la defensa de Macri sostuvo que debía contar con esa autorización. Ese planteo contó con el respaldo del Ministerio Público, por lo que el juez decidió suspender el trámite.

Y luego, sin demora, envió esta misma tarde un escrito a la Presidencia de la Nación "a fin de requerirle que, de ser necesario, releve al imputado del deber de confidencialidad obrante en la ley 25.520".

Quienes siguen la causa entienden que se trató de una maniobra dilatoria de la defensa de Macri, en la que aparece Pablo Lanusse como cara visible, para postergar el trámite una vez más después de haber faltado a las dos primeras convocatorias.

"La normativa vigente coloca en cabeza del Presidente de la Nación la facultad de decidir sobre la autorización de acceso a la información clasificada y solo será el Presidente quien pueda delegar expresamente esa facultad en el funcionario que entienda. Así, la suscripta tiene esa facultad por delegación Presidencial expresa (art 11, decreto 950/2002), por lo que no resulta posible relevar de la oblicación de guardar secreto a quien fue titular de la facultad establecida por la ley. Como en otros ámbitos del derecho, solo puede llevar a cabo una acción el titular de una facultad o quien lo hace por delegación, pero quien recibe el poder delegado no puede tener más o mejor derecho que el titular de esa facultad", decía la respuesta de la AFI a la consulta del juez.

Y más abajo agregaba que "por todo ello, entiendo que no corresponde a la suscripta relevar de la obligación de guardar secreto al ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri. No obstante, debo mencionar que en caso de que el ex Presidente brinde en su declaración alguna información clasificada en los términos del título 5 de la ley 25.520 modificada por la ley Nº 27.716, deberán tomarse los recaudos necesarios a los fines de garantizar su reserva".

De ese modo, se entiende que Macri podía declarar como imputado y si se refería a alguna cuestión secreta debería tener la correspondiente reserva, pero no lo impedía brindar explicaciones.

Una de las querellas, a cargo de Valeria Carreras, sostuvo que Macri no tuvo voluntad de declarar. "El acto de indagatoria es el momento de defensa por excelencia y el imputado puede manifestar todo tipo de manifestaciones, incluso mentir", expresó.

"Por lo tanto y a pesar de venir de sendas postergaciones de indagatoria a Macri, reiteramos la confianza y apoyo al Juez Martín Bava", agregó tras haber criticado a la fiscalía por apoyar el planteo de la defensa del ex presidente.