En la Casa Rosada ya suena la cuenta regresiva. Quedan apenas semanas para el 8 de julio, fecha en la que vencen las facultades delegadas que el Congreso le otorgó a Federico Sturzenegger a través de la Ley Bases, y el Gobierno apura el paso para desatar una nueva ola de decretos. Serán entre 10 y 20 medidas, la mayoría ya preparadas para salir firmadas del despacho del ministro de Desregulación y Transformación del Estado. El objetivo, dicen cerca del Presidente, es claro: desarmar estructuras, fusionar áreas, achicar organismos y acelerar la desregulación, con especial foco en Senasa, Anmat y Aduana.

“Siempre la idea fue no renovarlas [a las facultades delegadas], porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos”, explicó Sturzenegger en una entrevista con Bloomberg, dejando en claro que el reloj siempre estuvo corriendo. El funcionario, a quien Milei suele elogiar en público, pretende despedirse de su ventana legal con una ofensiva final que sacuda al Estado y deje asentadas reformas de fondo que, aseguran, ya estaban planificadas desde hace meses.

El primero de los anuncios que se esperan impactará de lleno en Senasa, donde se presentará una medida para reducir a la mitad el costo de la vacuna contra la aftosa. A eso se suma la posibilidad de eliminar una antigua resolución que impedía la exportación de cargas desde Rosario, en un intento por dinamizar los envíos desde el segundo nodo portuario del país. También podría haber novedades respecto a los vuelos de cabotaje, área sensible donde el oficialismo ya planteó intenciones de abrir el mercado y reducir regulaciones.

En paralelo, el Gobierno apunta fuerte a la Aduana, donde el proyecto es mucho más ambicioso. Lo definen como un “proceso gigante”, no solo por la magnitud del organismo sino por todo lo que implicaría desregular su funcionamiento. Allí, el hombre destacado por la administración libertaria es José Andrés Velis, actual director general del área, que trabaja en sintonía con Sturzenegger para simplificar procesos y eliminar lo que consideran trabas innecesarias.

También hay movimientos dentro de la Anmat, donde la lupa está puesta sobre regulaciones que, según el diagnóstico libertario, atrasan desarrollos científicos, demoran habilitaciones y ponen barreras al comercio. En este frente, el respaldo clave es del ministro de Salud, Mario Lugones, quien viene acompañando las reformas propuestas desde Desregulación. Al mismo tiempo, en Senasa se valora la coordinación entre el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne, y el director Pablo Cortese.

Además de estas intervenciones puntuales, lo que se viene es una avanzada estructural: el cierre, la fusión o la transformación de al menos 40 organismos públicos. Algunos decretos serán simples; otros, delegados. En todos los casos, el norte es reducir lo que el oficialismo describe como “duplicaciones, gasto innecesario y expansión injustificada”. Así lo escribió el propio Sturzenegger en su cuenta de X, donde sostuvo que el objetivo es “poner fin a décadas de despilfarro, descontrol y expansión injustificada de estructuras”.

Desde el oficialismo evitan por ahora poner cifras concretas a los recortes que vendrán. Sin embargo, sacan pecho con el número que repiten desde diciembre: “sacamos 45.000 personas del Estado”, explican, lo que representaría un ahorro anual de 2.000 millones de dólares. “Un organismo descentralizado tiene su propia estructura organizativa y la centralización ahorra todo eso. En algunos casos se reduce la planta a la mitad, sin afectar ni un ápice las funciones verdaderas”, aseguran desde el equipo de Desregulación.

El 8 de julio marcará el punto final para las facultades extraordinarias que la Ley Bases le había concedido al ministro de Milei. Ese mismo día, salvo que el Congreso vote otra prórroga —algo que Sturzenegger ya descartó buscar—, el Ejecutivo perderá la vía rápida para intervenir áreas clave sin pasar por el Parlamento. De ahí la urgencia y el ritmo apurado con el que se vive por estas horas en la cartera que más empuja el modelo de Estado mínimo que imagina el Presidente.