El miércoles temprano la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, revelaba información respecto al espionaje ilegal que se realizó sobre los familiares de los 44 tripulantes y víctimas del ARA San Juan como también del buque pesquero Rigel, que naufragó en 2018. La información confirmaba una sospecha de la defensa de los familiares -que había sido desestimada por la Justicia- que actúan en la causa sobre el colapso del submarino como querella. Luego de realizar la presentación, Caamaño formalizó la denuncia ante la Justicia Federal de Mar del Plata. 

En las pruebas de la denuncia, de la que Data Clave publicó sus detalles, revela cómo agentes de inteligencia siguieron a los familiares de las víctimas, con el objetivo “de adelantarse a los movimientos, sembrar la división entre las familias y debilitarlos en los reclamos”. Para llevar adelante esas tareas, se infiltraron en actos, pincharon teléfonos y siguieron a los abogados de la querella.

La fiscalía anunció que ya se pidieron las primeras medidas en la causa. Adler entendió que debería investigarse el presunto desarrollo y producción de actividades de inteligencia ilegal, debido a que “personal de la AFI habría realizado el seguimiento y la recopilación de información vinculada a los familiares y allegados de los fallecidos en el hundimiento del ARA San Juan y el buque Rigel, durante los años 2018 y 2019, actividad que no había sido ordenada por ninguna autoridad judicial”.