Otro frente judicial que se le cae al Gobierno. El juez federal Luis Armella decidió archivar la causa que investigaba la visita de seis diputados de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad alojados en el penal de Ezeiza. La decisión llegó tras el dictamen del fiscal Sergio Mola, quien consideró que no hubo irregularidades por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF), dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

El episodio ocurrió el 11 de julio de 2023, cuando los legisladores Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci visitaron a genocidas como Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Alberto González, en el Complejo Penitenciario Federal VII.

La repercusión llegó días m��s tarde tras una investigación de Data Clave y la denuncia del juez Daniel Obligado, encargado de la ejecución de penas del TOF 5. A raíz de ello, se presentaron el abogado Pablo Llonto y el fiscal Félix Crous, dando impulso a la causa ante la justicia federal de Lomas de Zamora.

La propia diputada Lourdes Arrieta, que luego se fue del bloque de LLA, aseguró que fue manipulada para asistir y denunció amenazas. "Astiz sabía mi nombre, sabía que mi papá había combatido en Malvinas", afirmó. También acusó a Benedit y a personal de la Cámara de Diputados alineado con Martín Menem de presionarla.

Además de su testimonio, Arrieta entregó una serie de chats al juzgado donde se reveló una trama más amplia. Parte de esa red fue reconstruida y expuesta en una investigación de este medio, que mostró cómo un entramado de diputados, jueces, abogados y religiosos articulaban acciones para obtener beneficios penitenciarios para represores, incluso intentando frenar investigaciones judiciales.

Entre los nombres aparece el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Olivera, como organizador de reuniones y nexos con diputados, defensores de genocidas y hasta el exjuez de Casación Eduardo Riggi. La red se articulaba desde una fundación en la calle Montevideo y funcionaba a través de grupos de WhatsApp.

Los mensajes mostraban además estrategias para pedir prisiones domiciliarias y hasta limitar investigaciones por delitos de lesa humanidad. Incluso intentaban canalizar presiones a través de la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del cuerpo judicial.

A pesar de esas revelaciones, Mola desestimó el caso. El 21 de agosto del año pasado, pidió cerrarlo. Lo apoyó el fiscal ante la Cámara de La Plata Diego Iglesias, que consideró que se trataba de una "judicialización de la política".

El foco de Mola estuvo puesto en determinar si el SPF había violado normas internas al permitir la visita. En los chats, se leía que Bullrich estaba al tanto y que el director del SPF, Fernando Martínez, era calificado como "un excelente colaborador" por Benedit.

Tras once meses de investigación, Mola concluyó que no hubo delito. El SPF justificó que no se trató de una visita sino de una “recorrida” para evaluar condiciones de detención, lo que los eximía de cumplir protocolos de seguridad más estrictos.

Según el organismo, esa categoría permite facilitar el ingreso de funcionarios sin necesidad de escaners ni controles físicos: “Debe prescindirse de diligencias innecesarias o solemnidades que obstaculicen la inspección”, argumentaron.

Pero esa teoría se cae rápido. Varios de los diputados, como Montenegro, Ferreyra y Benedit, ya habían visitado genocidas antes. Además, nunca presentaron informes sobre la supuesta “inspección”. Eso fue confirmado por el SPF al juez Adrián Grünberg, del TOF 1.

En los chats también se lee que el objetivo real era redactar un comunicado político cuestionando las causas por las que estaban detenidos los represores. Incluso Bonacci admitió que se llevaron un sobre con "ideas para la prisión domiciliaria".

En su dictamen, Mola minimizó la situación: "Que el SPF lo haya considerado una recorrida no parece ilógico", escribió. Y defendió la falta de controles: "En las incontables recorridas que hacemos operadores judiciales, no nos quitan celulares ni nos requisan", comparó.

Llonto, abogado querellante, fue contundente: "Está diciendo que los jueces y legisladores tienen coronita para entrar sin revisiones". Y agregó: "Al pueblo, sobre todo a la gente pobre, la revisan. Es una joda total. Siempre cuidan sus privilegios".

El caso, que involucraba una trama política, judicial y eclesiástica, terminó sin consecuencias. El archivo de la causa marca un nuevo espaldarazo judicial para Bullrich, mientras los represores siguen sin decir qué hicieron con sus víctimas.