La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por Rodolfo Aguiar, encendió las alarmas al denunciar que el Gobierno nacional tiene planes de cerrar la Secretaría de Hábitat y Vivienda a partir del 1° de marzo. Esta medida no solo dejaría sin trabajo a más de 500 empleados, sino que también pondría fin a programas esenciales como Procrear, Fonavi y Casa Propia.

Desde ATE advierten que "el recorte de fondos para la obra de viviendas y mejoramiento del hábitat no solo afecta al Estado, sino a toda la economía nacional". Señalan que estas políticas de ajuste podrían empujar al cierre y suspensión de actividades de empresas privadas, contratistas y trabajadores de la construcción.

La preocupación no se limita a los despidos. ATE subraya que, además de los más de 500 trabajadores que perderían su empleo, la paralización de proyectos en marcha provocaría una pérdida masiva de puestos de trabajo y el quiebre de industrias proveedoras de insumos esenciales.

Los trabajadores estatales también destacan que el Gobierno de Milei "pretende cerrar la Secretaría de Hábitat y Vivienda sin haber cerrado administrativa ni legalmente los fondos ni las obras que aún están en ejecución", lo que pondría en riesgo el acceso a la vivienda para muchas familias.

Además, alertan sobre la cancelación de proyectos internacionales financiados por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), lo que afectaría la infraestructura básica y la regularización dominial.

ATE sostiene que "el desmantelamiento no solo representa un golpe devastador para las familias humildes y trabajadoras del país que no pueden acceder a una vivienda en otras condiciones crediticias, sino que también agravará la crisis económica y social en los próximos meses".

Según datos proporcionados por la asociación, el cierre de la Secretaría de Hábitat y Vivienda impactaría en la paralización de 1.836 convenios en actividad, 103.367 soluciones habitacionales frenadas, y dejaría a miles de familias sin acceso a viviendas prometidas. Además, 21.335 industrias se verían afectadas por la paralización de obras y 500.000 puestos de trabajo estarían en riesgo en el sector de la construcción.