Los productores agropecuarios reclaman medidas de seguridad a la dirigencia política por repetitivos y violentos actos de vandalismo en los establecimientos, a los que algunos sectores pretendieron politizar. Denuncian roturas de silobolsas y distintos instrumentos de acopio de cereales. En lo que va del año se registraron más de 60 casos en las provincias de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Hay un consenso por tomar medidas, pero el oficialismo y la oposición tienen diferentes manuales de instrumentación.

El proyecto de ley de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, prevé una modificación en los artículos 186 y 189 del Código Penal para agregar la tipificación de ‘Vandalismo Rural’, que contempla penas de prisión desde dos (2) hasta cinco (5) años. Desde el oficialismo consideran "que hay un vacío legal para que la Justicia pueda actuar" ante estos curiosos hechos repetitivos de ataque a la propiedad privada.

"Es una herramienta nueva que van a tener los jueces y los fiscales para poder investigar qué es lo que está sucediendo en el primer eslabón de la producción. El trabajo agropecuario es uno de los motores del desarrollo argentino y la necesitamos, es muy importante que la ley los defienda en situaciones que no estaban previstas", le manifestó a Data Clave Ricardo Gutiérrez, diputado del Frente de Todos y parte del proyecto de Massa.

Según un reciente informe de Confederaciones Rurales Argentinas, entidad que conforma la Mesa de Enlace, la problemática afecta a 16 confederaciones a lo largo y ancho del país. Jorge Chemes, presidente de la organización patronal, expresó su apoyo a la medida y mencionó que "genera una esperanza de empezar a marchar en la dirección correcta, frente al fenómeno de ataques al productor rural".

La ley de silobolsas será tratada en el Congreso y todo indica que podría haber modificaciones debido a que la oposición tiene una mirada diferente sobre la rigidez de las penas. Ricardo Buryaile, diputado del Interbloque Cambiemos y ex ministro de Agroindustria, le confirmó a Data Clave que presentarán otro proyecto. "Entendemos que el otro proyecto (Frente de Todos) lo que hace es reducir la pena del artículo 186 y lo lleva de dos (2) a cinco (5) años. Esto hace que la pena sea excarcelable. Al mismo tiempo condiciona a que produzca un daño en el desenvolvimiento del establecimiento", expresó el dirigente formoseño.

En contraposición con estas declaraciones, Gutiérrez amplió: "Todos los aportes van a ser bienvenido y se dará en la discusión parlamentaria, queremos la mejor ley. Seguramente que Ricardo (Buryaile) lo que no habrá tenido a su mano era que el proyecto no solo cera el vandalismo rural, sino que modifica el delito por estrago. El proyecto contempla penas de hasta quince (15) años de prisión para el estrago. Todos van a ser escuchados, pero es un proyecto muy completo".

El proyecto de ley del diputado Massa realiza modificaciones en los artículos 186 y 189 del código penal e inserta el artículo 184 bis que tipifica el ‘Vandalismo Rural’ y establece que "la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión cuando se afecte el normal desempeño o explotación de un establecimiento rural a través de la destrucción, inutilización, desaparición o cualquier otro modo de daño".

También es cierto que actores muy afines al actual gobierno miran de reojo al proyecto que Massa enviará a la Cámara de Diputados. En mayor medida el ala radicalizada y perteneciente a movimientos sociales que vive la política desde el llano de las urgencias. Luis D’Elía, por ejemplo, le expresó a Data Clave que habló con productores del campo que llaman y que lo de las silobolsas es mentira. "Están buscando crear un clima de enfrentamiento y discordia a partir de trabajos de inteligencia. No hay rotura de silobolsas, y menos con que la culpa la tengan representantes políticos. Que se dejen de joder con operar el odio", esgrimió. En una vereda parecida Juan Grabois también le bajó el tono a este proyecto y manifestó que "a nadie se le puede ocurrir que un dirigente o militantes vayan a romper silobolsas, no tiene sentido".

"El proyecto del Frente de Todos rebaja la pena de lo que es un delito de instancia pública, llevándolo a una cuestión de instancia privada. El delito de instancia pública prevé penas de tres (3) a diez (10) años, y en este se rebaja de dos (2) a cinco (5) años, y creemos que no debe ser así porque ya permitiría excarcelación o la eximición de prisión", expresó Buryaile a diferencia de Gutiérrez. Y agregó: "El segundo aspecto es que prevé que el productor tenga que demostrar el daño del establecimiento, con lo cual es un doble perjuicio, porque tiene que ir al fuero penal para que sea tipificado como un perjuicio. Es decir que, si alguna persona lo tiene como ahorro o como inversión a futuro, no sería tipificado como delito".

Aún con las diferencias de implementación, hay un consenso para darles respuestas a los productores agropecuarios que se vieron amenazados en estas últimas semanas por estos hechos vandálicos. Uno de los argumentos del proyecto de ley oficialista menciona que esta nueva figura jurídica "intenta generar prevención general, protección legal y respuesta judicial, aportando previsibilidad y seguridad jurídica a uno de los núcleos básicos de la actividad económica del país".

Por último, Gutiérrez manifestó: "Este proyecto nace de un reclamo propio del sector que se ve desprotegido y que hay un vacío legal en la legislación. Sergio Massa lo tomó, lo trabajamos e hicimos un proyecto con la finalidad de proteger la propiedad contra quienes ingresen en un establecimiento y rompan el esfuerzo de la producción y los bienes que hacen al desarrollo nacional".

 

Proyecto de Ley Silobolsas de Sergio Massa