Marcelo Bailaque, juez federal de Rosario y protagonista de uno de los escándalos judiciales más ruidosos de los últimos años, presentó su renuncia al cargo con fecha efectiva para el 1 de julio, en un intento por evitar el juicio político que avanza en el Consejo de la Magistratura y al mismo tiempo conservar una jubilación millonaria. Pero su jugada no es automática: la Casa Rosada todavía no decidió si le acepta la dimisión, y el tiempo corre. Si el Ejecutivo le da el visto bueno, pierde los fueros y puede ser detenido. Si no, sigue adelante el camino hacia su destitución.

La carta de renuncia llegó al Ministerio de Justicia el lunes 10 de junio, justo el día en que la Corte Suprema debatía otro tema sensible: la situación judicial de Cristina Kirchner. El dato no es menor, mientras el máximo tribunal analizaba un fallo de alto voltaje político, Bailaque avanzaba en silencio en una salida estratégica para eludir su inminente caída. En los días previos, el magistrado ya había reunido documentación para acceder a una jubilación especial por su paso como juez en Caleta Olivia, una zona alcanzada por el régimen del sur, que permite retirarse a los 54 años. Él tiene 57.

El todavía titular del Juzgado Federal 4 de Rosario está acorralado por tres causas penales: una por extorsión a empresarios a través de una causa trucha vinculada al narcotráfico, otra por demorar medidas para beneficiar al capo narco Esteban Lindor Alvarado, y una tercera por maniobras irregulares con fondos de la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín. Por todos esos hechos, los fiscales Juan Argibay Molina, Matías Scilabra, Federico Reynares Solari, Diego Velasco (PROCELAC) y Diego Iglesias (PROCUNAR) lo acusaron formalmente.

A fines de abril, el juez de Garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz ordenó su prisión preventiva, luego ratificada en su modalidad domiciliaria por la Cámara Federal de Rosario, con tobillera electrónica y por 90 días prorrogables. Además, se mantuvo la prohibición de salida del país y un embargo parcial sobre sus bienes. Todo eso fue confirmado la semana pasada por la Cámara Federal de Casación Penal. Pero los fueros como magistrado siguen siendo un blindaje: no puede ser detenido hasta que renuncie o sea destituido.

Mientras tanto, el Consejo de la Magistratura avanza con una denuncia por mal desempeño. La Comisión de Acusación lo citó a declarar el próximo martes. Bailaque ya avisó que responderá por escrito. Después de eso, el organismo quedará en condiciones de definir si lo suspende y envía a juicio político. Si lo destituyen, no solo pierde los fueros: también queda afuera del sistema jubilatorio del Poder Judicial, lo que implicaría perder el beneficio que ahora busca conservar.

Con su renuncia, Bailaque apuesta a una retirada menos dolorosa: si el Gobierno acepta su dimisión, queda preso inmediatamente, pero conserva el régimen de jubilación. También se archiva el expediente del Consejo de la Magistratura, que solo puede actuar sobre magistrados en funciones. Pero si la Casa Rosada no acepta, sigue el proceso institucional y, en caso de ser destituido, no solo quedará detenido, sino que no podrá cobrar un solo peso.

Fuentes del Ejecutivo reconocieron que hay diálogo entre el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura, encabezado por el juez Miguel Piedecasas, para evaluar el escenario. El ministro Mariano Cúneo Libarona ya pidió al Consejo un informe detallado sobre el estado de situación del juez. Recién con ese documento en mano, el Gobierno resolverá si le allana el camino a la jubilación o si le corta definitivamente el oxígeno institucional.

Los expedientes que lo hunden

La primera causa contra Bailaque se disparó a partir de una denuncia anónima presentada en la AFIP de Rosario, que luego terminó en su juzgado. Afirmaba que los empresarios Jorge Oneto y Claudio Iglesias lavaban dinero para Los Monos. Según el arrepentido Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP local, esa maniobra se armó en el quincho del edificio donde vive Bailaque, junto al empresario Fernando Whpei, hoy también con prisión domiciliaria. Whpei fue quien les pidió a los empresarios 200 mil dólares para “arreglar” la causa con el juez. Ellos terminaron pagando 160 mil.

La segunda causa lo vincula directamente con el capo narco Esteban Lindor Alvarado. La Justicia lo acusa de dilatar una intervención telefónica clave contra Rosa Capuano, ex esposa del narco. Además, compartían el mismo contador, Gabriel Mizzau, cuyo hijo trabajó en el juzgado del magistrado. La trama de vínculos es tan evidente como escandalosa.

El tercer expediente apunta al manejo de fondos millonarios de la cooperativa portuaria. Bailaque autorizó el desbloqueo del dinero y su transferencia a la Mutual de Jubilados del Grupo Unión, encabezada por Whpei, el mismo que se había encargado de recaudar los dólares en la causa trucha. Todo parece cerrar.

Por ahora, la renuncia no está aceptada y Marcelo Bailaque sigue siendo juez federal. El Ministerio de Justicia espera el informe del Consejo de la Magistratura para definir los pasos a seguir. Hasta entonces, el juez más cuestionado de Rosario seguirá en su casa, con tobillera electrónica, esperando que alguien en Balcarce 50 firme su libertad y su retiro.