Bajo la tutela de Federico Sturzenegger, el gobierno avanza con el ajuste sobre el INTI y el INTA
Tras idas y vueltas, el Ejecutivo pondrá en marcha el primer paso para reestructurar una serie de organismos estatales que perderán su autonomía y que ponen en riesgo miles de puestos de trabajo. Milei tendrá que firmar el decreto antes del 8 de julio, día en que finalizan las facultades delegadas.
Luego de meses de ajuste, desfinanciamiento y despidos en el sector estatal, con el aval del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, el Gobierno nacional decidió avanzar con el decreto para restructurar una serie de organismos públicos. La medida será firmada por el presidente Javier Milei antes del próximo 8 de julio, día en que finalizan las facultades delegadas que le otorgó el Congreso de la Nación.
El informe ténico elaborado en el Ministerio de Economía incluye siete organismos estateles: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI).
Como venía contando Data Clave, desde el inicio de la gestión libertaria habían puesto la mira en varios organismos como el INTI y el INTA. A ellos se sumaron otros cinco que el gobierno decidió reestructurar.
En el caso del INTI, el gobierno dispuso que dejará de ser un ente descentralizado con autarquía presupuestaria y técnica, para convertirse en una unidad administrativa dentro de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación.
“La medida persigue mejorar la eficiencia del gasto público, reducir la burocracia y duplicaciones de funciones con otras áreas, y dotar al INTI de una estructura más flexible y focalizada, orientada a entregar resultados concretos para la competitividad de la industria nacional”, expresan en el informe técnico y agregan: “Al mantener sus funciones sustantivas dentro de un marco organizativo consolidado, se garantiza la continuidad de servicios esenciales y se promueve un uso más racional de los recursos del Estado, alineado con los principios de eficiencia, eficacia y transparencia establecidos en el marco legal vigente”.
En el caso del INTA, correrá la misma suerte que el INTI pero en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, también dependiente de la cartera que encabeza Luis Caputo. El decreto que publicará el Ejecutivo contempla su transformación en un ente desconcentrado, lo que le permitiría mantener cierta autonomía técnica y funcional, pero sin conservar la personalidad jurídica ni el patrimonio propio.
A su vez, buscan reconfigurar el Consejo Directivo del INTA, con el fin reducir la participación del sector científico-académico y de las entidades agropecuarias, y otorgarle mayor control al Poder Ejecutivo.
“Se vuelve imperiosa la necesidad de adecuar su forma jurídica y modelo de conducción, a fin de optimizar su funcionamiento y garantizar el cumplimiento de su misión y funciones sustantivas bajo los principios de eficiencia administrativa, control en la administración de las finanzas públicas y eficacia en la gestión”, detallan en el informe técnico elaborado por Economía.
De acuerdo al decreto que publicará en los próximos días el Gobierno, en cada uno de los organismos alcanzados por la medida “se mantendrá el personal existente con sus cargos, su situación de revista y unidades organizativas vigentes hasta tanto se adecúe la estructura organizativa”. A pesar de esto, desde los diversos organismos vienen alertando por los despidos y los miles de puestos de trabajo que se podrían perder con el ajuste impuesto por el Ejecutivo.
Como detallan en el informe del Ministerio de Economía, las medidas que se proponen consisten en disoluciones o transformaciones de organismos, así como la modificación o supresión de sus competencias, se enmarcan en el ejercicio de las facultades conferidas al Poder Ejecutivo en la Ley N° 27.742, conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
Luego de meses de pasar la motosierra por estos organismos, el Gobierno se apura para presentar en estos días el decreto para que sea firmado por Javier Milei antes del 8 de julio, dado que ese día finalizará el período de facultades delegadas que le otorgó el Parlamento.