Tras el parate veraniego, la Legislatura comienza a retomar de a poco su ritmo con el objetivo central de discutir una serie de temáticas que son prioridad tanto para el Frente de Todos como para Juntos. Y en ese marco, lo que se pone en juego es el arte del consenso como resultado de un acuerdo de partes que pueda significar un win win para ambos.

En ese esquema de negociación, el oficialismo tiene en claro la estrategia que quiere llevar adelante para poder instalar con mayor fuerza la Gestapo antisindical, un tema que divide fuerzas internas, como le dijo el senador Paco Durañona a Data Clave porque “no le interesa a nadie”.

En ese marco, el bloque de Diputados del Frente de Todos cuenta hoy con 46 de los 47 votos necesarios para poder comenzar a darle vida a una comisión investigadora para avanzar en el juicio político al procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Y la táctica interna va más allá del resultado final. El objetivo primordial es poder constituir esa comisión para poner en los medios con mayor fuerza todo aquello que se vaya desprendiendo del tema.

Pese a que hoy no cuenta con todas las voluntades, el oficialismo se contenta con lograr un acuerdo que permita dar un paso hacia eso, más allá de que luego de la posibilidad de la creación y la investigación de dicha comisión se necesiten de los dos tercios de los votos para poder lograr el pase al Senado.

Imagino que desde Juntos nadie quiere quedar pegado con lo que de a poco se va dando a conocer en la causa. La mejor forma de que Conte Grand no los termine salpicando es dejando que la comisión investigue y que si ellos luego no quieren dar los votos, no lo hagan”, le dijo a Data Clave un diputado del FdT.

En concreto, el bloque de diputados oficialista va en busca de la exposición, sin importar si luego no consigue las voluntades para su paso a la Cámara alta.

Por otro lado, la oposición también tiene sus demandas. Tras la aprobación del pliego de los cuatro integrantes del banco Provincia que se oficializaron la semana pasada, Juntos quiere imponer como condición, ahora que no cuenta con la mayoría en el Senado, la posibilidad de ocupar algunas de las sillas del directorio del BAPRO que todavía no tienen nombre.

Tres semanas atrás, el Frente de Todos propuso designar a Sebastián Galmarini por el Frente de Renovador; a Humberto Vivaldo por el sector de intendentes de Martín Insaurralde y Mariano Cascallares; al exsenador Daniel Horacio Barrera, alineado políticamente con el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza; y a Alejandro Formento, un abogado que ya había impulsado Kicillof meses atrás de manera interina, en reemplazo de la actual senadora nacional Juliana Di Tulio.

Todavía queda pendiente el lugar de la oposición en un directorio en el que aún hay cuatro sillas vacías tras la finalización de los contratos a fin de diciembre.

Más allá de algunos nombres en el aire. Entre ellos el exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, y Bruno Screnci, quien dejó su cargo en el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta unas semanas atrás para que asuma Jorge Macri, lo que realmente busca Juntos es conseguir lugares de peso como lo del BAPRO (además de Suprema Corte de Justicia y IOMA, entre otros), como parte de la negociación.

Es por eso que, a partir de la semana que viene, la Legislatura comenzará a ser el escenario de todas los consensos necesarios para lograr el ansiado win win.