El proyecto propone un régimen especial para biocombustibles vigente hasta el 31 de diciembre de 2030 con una posibilidad de extensión por única vez 5 años más. Se establece a la secretaría de Energía como autoridad de aplicación y se instaura un nuevo esquema de corte para los combustibles. 

Con la firma de los diputados del Frente de Todos que componen la comisión de Energía, el proyecto que tuvo antes dos borradores informales, finalmente ingresó a la Cámara de Diputados. La cabeza del texto es el santafesiono de La Campora, Marcos Cleri.

Lo más relevante en cuanto a cambios a la legislación actual es el porcentaje de corte que se fijarán para los biocombustibles en los surtidores, que implica una baja en el régimen actual. Para el gasoil se impone un porcentaje mínimo obligatorio del 5% sobre el total del producto. Pero en este punto, se deja la posibilidad de que la autoridad de aplicación pueda disminuir el porcentaje hasta 3% “por situaciones de incremento de precios”. Actualmente es del 10%.

En el caso del Etanol, se establece una cuota obligatoria del 12% pero la mitad de eso se la asegura la caña de azúcar. Se impone un 6% mínimo al corte con alcohol de caña de azúcar. Esto es un beneficio para los ingenios que no pueden exportar sus productos y destinan gran parte a la producción local. En contrapartida, el corte de bioetanol de maíz se reparte el otro 6%. Una leve mejoría a los borradores que circuló el oficialismo los últimos días pero una rebaja respecto a la ley actual.

Las grandes cerealeras son las que más en contra están de este proyecto, en tanto, del lado de las empresas petroleras y las pymes del biocombustible hay un aval casi total a la iniciativa del oficialismo. En ambos sectores apuntan ahora a la letra chica que pueda discutirse en el trabajo de comisión.

En tanto el sector petrolero discute un aspecto puntual de la redacción de un artículo que apunta a la sustitución de importaciones. Entienden que encarece el producto porque los obliga a comprar biodiesel en Argentina en caso de querer importar nafta.

Además, con este proyecto el Gobierno busca generar un nuevo mecanismo con la creación de una autoridad de aplicación para evitar problemas ante posibles subas de precio. La carga de esta tarea estará centrada exclusivamente en la secretaría de Energía, que se empodera con esta medida.

La oposición rechazó el borrador del oficialismo. El radical Alejandro Cacace, aseguró que “es malo, porque reduce el corte respecto a lo actual, con eso desaprovecha capacidad instalada y reduce el mercado, es arbitrario en asignar qué empresas pueden cubrir el cupo, y deja el precio al arbitrio de la Secretaría de Energía”, dijo a Data Clave.

El rechazo es también compartido por el interbloque Consenso Federal, integrado entre otros por los diputados que se identifican con Roberto Lavagna y también los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. “Con ese grado de discrecionalidad que se le asigna a la autoridad de aplicación no tiene sentido la ley, el secretario de Energía puede rehacer la Ley, de derecho y de revés, no tiene sentido”, aseveró ante este medio Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado de esa bancada. 

1621-D-2021 by Mariano Espina on Scribd