La intención del oficialismo era poder realizar una sesión con proyectos de consenso antes de que termine el primer mes del año. En la última reunión de presidentes de bloque, para la sesión del 29 de diciembre, por un pedido de la oposición, el oficialismo se comprometió a tratar el proyecto en sesiones extraordinarias. Para eso, se necesitaba que el presidente disponga la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias incluyendo el tema. El decreto para la ampliación llegó pero sin el proyecto de Biocombustibles.

A finales de octubre, la Cámara alta aprobó la prórroga de la ley 26.093 de biocombustibles y la giró a Diputados. Desde entonces, ha generado cierta tensión entre los productores de combustibles minerales (naftas y gasoil) y los productores de biocombustibles (bioetanol y biodiesel). El primer bloque que lanzó un reclamo público por el tema fue el bloque Consenso Federal. El presidente de la bancada lavagnista, Alejandro “Topo” Rodriguez, aseguró a Data Clave que no se puede seguir manteniendo en silencio el tema. “Si las empresas petroleras van a manejar los tiempos parlamentarios, el gobierno va a terminar entregando en bandeja la defensa del medio ambiente y las decisiones sobre la producción federal. El problema es serio. No puede haber silencio”, dijo el bonaerense.

Con menor fuerza, también se sumaron con un pedido los diputados de Juntos por el Cambio representantes de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán. En un comunicado de prensa, advirtieron que insistirán “para que el oficialismo incorpore la prórroga de la ley que beneficia la producción de biocombustibles en la primera sesión a la que se convoque, tal como fue comprometido por el Presidente del cuerpo en el mes de diciembre”.

La oposición cree que al interior del Frente de Todos se desató una disputa entre los sectores con mayor cercanía a los sectores petroleros y los intereses del resto de las provincias productoras de insumos para biocombustibles. “Tienen intereses disímiles según la cercanía que tienen a los petroleros”, apuntaron fuentes en off. Los productores agrícolas creen que cuanto más se tarde más riesgo se corre de que no salga la ley. “Los sectores petroleros apuntan a pulverizar la prórroga”, dicen y agregan: “el gobierno tiene mucho más para perder que para ganar si no sale el proyecto”.

Empresas critican la calidad del producto

Promulgada en 2007, la norma establece que tanto el gasoil como la nafta, deben incluir un corte de “biocombustible” en su producción. Este límite se fija actualmente en el 12% en nafta y 10% en gas oil, con plazos fijados hasta mayo 2021. El “bio” que se le introduce al combustible (bioetanol, biodiesel y biogás) surge de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o desechos orgánicos. El corte para la nafta se denomina bioetanol y deriva de la caña de azúcar o del maíz, mientras que el biodiesel se aplica en el gasoil y deriva del aceite de soja.

La Ley en cuestión (26.093) incluye beneficios fiscales para la construcción de nuevas plantas a aquellos jugadores medianos o pequeños. A contramano del mundo, por el consistente aumento de los commodities, “las bioenergéticas” no se quieren quedar simplemente en la prórroga de las leyes actuales, además buscan elevar el porcentaje de corte de las naftas. Buscan impulsar que pase a ser de entre el 15% y el 27% con lo cual el negocio se duplicaría y hasta se triplicaría el negocio.

Esto impacta contra lo que opinan expertos en energía y las mismas compañías petroleras, quienes advierten que esta medida va a ir directamente a los precios de las naftas y del gasoil y que quienes terminarán pagando el costo son los consumidores finales. Además, apuntan a la baja calidad del producto. En la oposición, creen que al interior del Frente de Todos se teje una batalla entre los que tienen vínculos con el sector de los hidrocarburos, creen que las empresas petroleras buscan escalar en el negocio de los biocombustibles.

Ruido interno en el oficialismo

El presidente de la Cámara de Diputados pidió que el tema se incluyera en las sesiones extraordinarias a mediados de enero con una carta enviada a la secretaría de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. Sin surtir efecto, el decreto con el nuevo temario llegó sin Biocombustibles levantando la guardia de muchos sectores. Incluso en el propio oficialismo.

Para sumar a esto, el presidente de la comisión de Energía, el oficialista Omar Félix (Mendoza) había adelantado en diciembre que el proyecto se iba a “postergar” para “debatirlo un poco más”. En declaraciones a medios de su provincia, el diputado dijo que los biocombustibles “afectan a la industria de los hidrocarburos” y planteó que “tal como está la ley, el petróleo está subsidiando a la pampa húmeda de alguna manera”. Estas palabras no dejan de hacer ruido en los legisladores que impulsan el proyecto.

La arremetida a favor comenzó esta semana desde el Senado de la Nación, el santafesino Roberto Mirabella, un hombre cercano al gobernador Omar Perotti, afirmó que “es clave para la provincia y para el país” avanzar lo antes posible con la prórroga de la ley de promoción biocombustible y pidió que de no entrar en extraordinarias se trate con prioridad cuando comience el periodo ordinario.

Por su parte, la también santafesina Maria de los Ángeles Sacnun, espada de Cristina Fernández en el Senado, señaló que sancionar la prórroga es “una defensa de los intereses de la Provincia de Santa Fe”. “Confío en que vamos a tener una ley de prórroga de Biocombustibles por 4 años que nos va a permitir debatir una política de diversificación de la matriz energética del país, con empleo de calidad y apalancamiento de la industria santafesina”, sostuvo la legisladora.

Santa Fe aporta 570.000 toneladas por año, de 1.070.000 toneladas que se requiere en el corte interno. El 41 por ciento lo aportan las pequeñas plantas; casi 30 por ciento las medianas y un 29 por ciento las grandes plantas, que son las plantas integradas. Esto representa para Santa Fe una facturación de U$S 400 millones, 1.080 puestos directos de trabajo y 5.400 puestos indirectos. Los que defienden la prórroga aseguran que el sector aporta unos 300.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, en total en todo el país.

Otra de las provincias que más produce en este aspecto es Tucumán, el diputado Carlos Cisneros (Frente de Todos) afirmó que "no se puede permitir que las provincias sean víctimas nuevamente de cierres de ingenios como sucedió en 1966 cuando dictadores intervinieron los ingenios tucumanos", disparó.

El diputado radical por Tucumán, José Cano, sostuvo a Data Clave que es “fundamental para las economías del norte y para la generación de empleo”. Para su provincia, la posibilidad de hacer biocombustibles con alcohol de caña representa la posibilidad de generar valor agregado en la cadena productiva de la caña. “Tucumán abarca el 60% de las producción de combustible con alcohol de caña”; señaló el legislador radical. 

Los políticos tucumanos no se quedan solo en una postura pública, institucionalmente, la legislatura de la provincia va a sesionar este lunes para votar un pedido al presidente de la Nación para que incluya en las sesiones extraordinarias y se termine por votar la prórroga con media sanción del Senado. Además, las cámaras productoras de caña enviaron una carta a cada presidente de bloque alertando sobre los problemas que puede traer que la norma no salga. La Federación Azucarera de Tucumán aseguró que están en riesgo 200.000 puestos de trabajo.

Provincias petroleras encabezan la oposición

Las provincias con tradición petrolera, mayormente patagónicas, recogen este reclamo. Esto llega a los representantes en el parlamento. La única diputada del Movimiento Popular Neuquino, el oficialismo en Neuquén, Alma Sapag, señaló a Data Clave que se ven “en la necesidad” de defender los intereses de la provincia y el trabajo de los neuquinos que están “vinculados al sector hidrocarburífero”. 

“Estoy convencida que este tema amerita un análisis y una solución inteligente, razonable y equitativa para todas las partes, evitando el enfrentamiento de sectores y provincias a través de una nueva ley en la que participen todos los sectores involucrados procurando soluciones ecuánimes y justas”, dijo Sapag desestimando la prórroga con media sanción del Senado donde obtuvo todos los votos.

Desde el PRO, el chubutense Ignacio Torres coincidió con su par neuquina. “En un escenario como el actual, donde hay más oferta que demanda, el esquema vigente provoca una menor demanda de petróleo y, por ende, una caída de ingresos fiscales afectando negativamente a las provincias productoras”, indicó el diputado chubutense.

Entienden que la competencia es desigual ya que no se permitieran libremente las exportaciones de petróleo. “Desde la cuenca neuquina hemos probado que nuestro crudo es bien recibido por exportaciones realizadas en plena pandemia”, afirmó Sapag.

En definitiva, los defensores del proyecto remarcan que tanto para la soja como para la caña, este proyecto significa la posibilidad de “sustituir exportaciones de grano por un producto con significativo agregado de valor y demanda en el mercado”. La suerte del proyecto quedará sellada en poco tiempo, un rubro de los más sensibles en estos primeros meses del año y que se quedó enredado en las disputas de la primera sesión del Congreso.