A partir del 1º de julio, el Estado nacional no renovará los contratos de aquellos trabajadores que no hayan aprobado el examen de idoneidad impulsado por el Gobierno. Así lo oficializó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, mediante la Resolución 48/2025 publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La medida forma parte del proceso de revisión de contratos que la administración libertaria viene llevando adelante desde principios de año y que, según advirtieron desde el Ejecutivo, tiene como objetivo garantizar que “solo accedan a cargos públicos quienes cuenten con las competencias necesarias”. En los papeles, eso se traduce en una evaluación obligatoria para continuar trabajando en el Estado.

El documento oficial es claro: “A partir del 1º de julio de 2025, solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos al personal que hubiera aprobado la evaluación general. Las personas que no hubiesen aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias dentro del plazo dispuesto no podrán ser contratadas durante el Ejercicio 2025, por períodos que excedan el 30 de junio de 2025″, indica el texto.

La decisión abarca a toda la estructura del Estado nacional: desde los empleados de la administración pública central hasta los organismos descentralizados, las sociedades estatales, las empresas con participación estatal mayoritaria, los entes autárquicos con patrimonio propio y hasta los fondos fiduciarios. Nadie queda afuera del recorte si no pasó el filtro del examen.

Según los datos oficiales publicados por el propio Gobierno, se tomaron 42.274 exámenes y el promedio de aprobación fue del 94%. Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) remarcaron en las últimas semanas que el 98% del personal evaluado había aprobado y reclamaban el pase a planta permanente de quienes habían cumplido con el requisito. Ese pedido fue ignorado.

Pese a los números positivos, la resolución se sostiene. Desde el Ministerio remarcaron que la evaluación “no buscaba dejar sin empleo a ninguna persona”, pero también dejaron en claro que quienes fallen tres veces no podrán seguir trabajando en el Estado. De todas formas, aprobar no garantiza la continuidad: según la Resolución 26/2024, las evaluaciones no son vinculantes, es decir, no obligan a renovar el contrato del personal evaluado de forma satisfactoria.

El examen, tal como fue diseñado por la cartera de Sturzenegger, era presencial, anónimo y con 60 preguntas de opción múltiple. Los ejes eran comprensión lectora, razonamiento lógico-matemático y administración pública (este último solo para profesionales). Los trabajadores podían elegir entre tres perfiles: servicios generales, administrativos o profesionales. Para participar, debían anotarse en la plataforma del SEP y esperar un mail con fecha, horario e indicaciones.

La ofensiva sobre los empleados públicos sigue firme, con el Gobierno profundizando su plan de “reestructuración estatal”. Por ahora, el mensaje es uno: quienes no superen los criterios del nuevo paradigma no tendrán lugar en la administración nacional. Y para quienes sí lo hicieron, el futuro tampoco está asegurado.

Desde el Ejecutivo aclararon que esta metodología se aplicará durante todo el Ejercicio 2025, y que ninguna contratación podrá superar el 30 de junio si no cumple con los criterios establecidos. La medida no solo impacta en los vínculos laborales existentes, sino también en las posibilidades de reingreso de quienes ya quedaron afuera.