El Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, presentado este jueves por Luis “Toto” Caputo, Santiago Bausili y Juan Alberto Pazo, tiene como objetivo central habilitar el uso de fondos no declarados sin castigos fiscales. Aunque se anunciaron flexibilizaciones inmediatas en los controles, la verdadera jugada del Gobierno requiere modificaciones legales que deberán pasar por el Congreso. Y ahí arranca una negociación compleja.

Uno de los puntos clave del proyecto es subir el monto mínimo de evasión punible en la Ley Penal Tributaria: el piso actual, que ronda los $1,5 millones, pasaría a $100 millones. Un salto descomunal que, de aprobarse, dejaría fuera del radar penal una enorme cantidad de operaciones. Pero la movida más sensible aparece en otro terreno: los plazos de revisión hacia atrás que tiene ARCA, el nuevo nombre de la AFIP.

Actualmente, el organismo puede investigar evasiones hasta seis años hacia atrás, pero el Gobierno quiere acortar ese margen. “La intención es bajarlo a cuatro años y blindar esa medida dentro de la gestión actual”, explicaron fuentes oficiales. El ajuste también impactaría en la prescripción, las presunciones fiscales, la determinación de oficio y un “recorte” general en las facultades del ente recaudador. Todo apunta a liberar el camino para mover los dólares del colchón sin miedo a que, más adelante, vengan a buscarlos.

Pero el nuevo régimen no solo enfrenta trabas técnicas. La política también mete la cola. Para avanzar, el oficialismo necesita apoyo parlamentario y los gobernadores tienen la llave, sobre todo en Diputados, donde pesan cada vez más. La disputa se concentra en los fondos coparticipables: el blanqueo podría generar una caída en la recaudación de Ganancias e IVA, que impactaría directo en las arcas provinciales. “Si bajan los ingresos por Ganancias, afecta a las provincias. Y la Nación ya les pasa pocos fondos”, advirtió una diputada de la oposición con experiencia en temas fiscales.

El otro frente a negociar con las provincias será el IVA, también coparticipable y en riesgo por el crecimiento patrimonial no justificado que se busca normalizar. Según trascendidos, una parte del Congreso duda en darle luz verde a un régimen que podría erosionar la recaudación sin garantías claras de compensación. 

La preocupación en el Congreso es creciente. La incertidumbre sobre la fecha de envío del proyecto tampoco ayuda. En Casa Rosada dejaron correr que podría llegar recién después del 10 de diciembre, una señal que contradice el apuro discursivo. “Si esa es la idea, nadie va a mover plata ni exponerse ahora con el nuevo régimen de Ganancias que arranca el 1 de junio”, agregaron desde el bloque amarillo.

En el Parlamento, la expectativa es que el proyecto no se demore más allá de la próxima semana. “Pusieron al ministro, al titular del Central y al jefe de ARCA a explicar todo. Sería un papelón que no manden la ley. Ya lo hicieron con Bases y Hojarasca, que todavía no se trataron. Pero esto sería peor”, sentenció a Infobae un legislador molesto por los anuncios sin sustento legal.

Desde el Gobierno insisten en que el nuevo esquema es clave para reactivar el movimiento de capitales fuera del circuito bancario, pero saben que sin respaldo legal, todo puede naufragar. Mientras tanto, la recaudación fiscal nacional sigue en caída y las provincias reclaman con más fuerza. El escenario está abierto, y la cuenta regresiva para el envío del proyecto ya está corriendo.