Excepto para algunas resoluciones, los jueces juegan con el tiempo. La cronoterapia es de lo más aplicado en los tribunales. Más cuando se trata de causas con cierta relevancia política o institucional. “Vialidad” no escapa a esa lógica pero la Corte Suprema parece haber encarado el tramo final de cara a saber si se confirma la condena a 6 años de prisión que le fijaron a Cristina Fernández de Kirchner.

En noviembre del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal había confirmado la condena de Cristina que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al estado en las 51 obras públicas que el empresario Lázaro Báez recibió entre 2003 y 2015 para Santa Cruz.

“La pena de inhabilitación especial perpetua responde entonces a razones objetivas de discriminación –como la entidad y gravedad de las conductas y los bienes jurídicos en juego- que no se presentan arbitrarias, sino fruto de la discreción legislativa, relativa a cuestiones de política criminal que pertenecen al ámbito del debate legislativo y reservado a los otros poderes, y que entonces el Poder Judicial no puede invadir”, se sostiene de Casación.

Las inhabilitaciones especiales producen la privación del empleo, cargo o profesión, así como también la incapacidad de obtener otro similar durante un tiempo determinado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 del Código Penal. En el caso de la inhabilitación especial perpetua, es algo que se fija de modo permanente para los delitos que involucran a funcionarios públicos. Justamente la defraudación en perjuicio de la administración pública la incluye como parte de la pena.

La exmandataria fue a la Corte para que esa condena con inhabilitación sea revertida. La fiscalía redobló la apuesta y pidió una pena de 12 años de prisión por considerar que para su accionar correspondía también la figura de asociación ilícita. 

Caso Vialidad: la Corte, en camino a resolver el futuro político de Cristina candidata

A la par de ese pedido, la expresidenta había recusado a Ricardo Lorenzetti porque sostuvo en una entrevista que se iba a resolver rápido su recurso de queja contra la condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Consideró que había adelantado su opinión públicamente y que por eso no debía intervenir en el caso.

Ese pedido fue rechazado esta semana por los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. "La recurrente no cita causal alguna de las previstas en los citados ordenamientos procesales, sino que se limita a invocar en forma genérica que el juez Lorenzetti carecería de imparcialidad. Tal defecto basta para sustentar el rechazo, sin más trámite, de la recusación", resaltaron.

Ante este panorama, la Corte ya está en condiciones de iniciar la discusión final. Los caminos son múltiples pero hay algunos menos probables que otros. En líneas generales, el Máximo Tribunal no se expide en la mayoría de las causas que le llegan: simplemente aplica un artículo 280 (que le permite descartar la presentación sin entrar en detalles) o declara inadmisible los recursos.

En caso de que eso llegue a pasar en Vialidad, el Tribunal Oral Federal 2 estaría en condiciones de ordenar la detención de Cristina. Por su edad, la defensa podría solicitar una prisión domiciliaria. La normativa sostiene que se puede requerir luego de los 70 años, aunque no los obliga a otorgarle nada.

El otro escenario es que la Corte decida abrir el recurso de la fiscalía y remita a la Cámara de Casación para que fije una pena por haber ampliado la acusación con el delito de asociación ilícita. Si bien es un escenario lejano, está dentro de las probabilidades.

En el entorno de la exmandataria aseguran que hay cierta preocupación por el fallo de la Corte y no esperan con demasiado optimismo. Consideran que es poco probable que los integrantes del Máximo Tribunal le den la razón y anulen la condena.

En ese aspecto, la duda pasa por cuando dictará su decisión la Corte Suprema. ¿Será antes de la oficialización de las listas, previo a la feria judicial de invierno? ¿O recaerá antes de las elecciones de septiembre? La discusión por los alcances parece haber quedado saldada. La inhabilitación especial perpetua alcanza, dicen en Tribunales, a todos los cargos a nivel nacional, provincial y municipal.

En ese caso, si la decisión de la Corte que termina por confirmar la condena con inhabilitación sucede luego de la asunción en la banca, se desatará entonces un tramite en la legislatura bonaerense para removerla y hacer efectiva una detención. En ese sentido, tanto el Ministerio de Seguridad como el Servicio Penitenciario Federal deberían activar los protocolos correspondientes para alojar a una persona de la relevancia pública de Cristina, con las complejidades que eso conlleva. La probabilidad de una prisión domiciliaria, en tal contexto, crece. Sin embargo, todavía no hay una señal que indique la fecha en que la Corte intervendrá, por lo que la política también se hunde en un mar de especulaciones.