Apenas unas horas después de que comenzara formalmente la actividad judicial después de la feria de invierno, Cristina Fernández de Kirchner se conectó por Zoom para escuchar el inicio de la exposición del fiscal Diego Luciani en el marco de la causa Vialidad-Obra Pública.

Poco antes de las 9, el fiscal comenzó con su exposición acusatoria, que podrá extenderse hasta nueve audiencias. Su postura es clave por qué determinará de qué tendrá que defenderse la actual vicepresidenta. En este sentido, la Fiscalía sostuvo que existió entre 2003 y 2015 “una organización ilícita en el seno del Estado”. 

En la misma sintonía, el letrado disparó: "Néstor y Cristina Fernández de Kirchner instalaron una de las matrices de corrupción mas extraordinarias que tristemente se hayan desarrollado en el país".

“Este ministerio Público fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares. Se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios ”, aseguró el titular del Ministerio Público en el inicio de su exposición, que se extenderá durante nueve jornadas.

“Al asumir Néstor Kirchner la Presidencia de la Nación y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional y provincial de Santa Cruz una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se hayan desarrollado en el país. Y cuando digo extraordinarias no es que considere que existe una corrupción ordinaria. Lo extraordinaria radica en las características especiales de la asociación”, continuó.

Luciani expuso también fuertes críticas contra la Oficina Anticorrupción -se retiró del caso- y la Unidad de Información Financiera (UIF), que semanas atrás pidió la absolución de la exmandataria. La Fiscalía representa la única acusación que queda en pie. Si no pidiera una condena, el juicio se cae. 

“Vamos a probar cómo los imputados planearon y ejecutaron esta maniobra que provocó perjuicio colosal al erario y a todos los argentinos. Por eso hemos solicitado 9 jornadas: queremos explicar, mostrar la verdad, y quizás necesitemos más audiencias”, anticipó.

El juicio comenzó hace más de tres años y pandemia mediante, llegó a un punto clave. Tras la exposición de la UIF, donde no se acusó a la vicepresidenta, en Comodoro Py miran con atención lo que vaya a decir el fiscal Luciani, que se mostró muy activo durante todo el debate en cuanto a las preguntas que realizó a testigos y peritos.

La hipótesis de la fiscalía se basa en el requerimiento de elevación a juicio firmado en diciembre de 2017 donde se habló de “una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales adjudicadas en la provincia de Santa Cruz en favor de las empresas de Lázaro Antonio Báez, lo que representó la contratación del Estado por más de 46 mil millones de pesos”.

"Hubo una estructura estable que permitió la apropiación de fondos", dijo en relación a que según su interpretación las empresas de Báez fueron una "cáscara vacía".

"Se creó una empresa vial y se montó una estructura que permitió de manera sistemática actos de corrupción, con licitaciones públicas que no fueron reales, fueron ficticias. Detrás de Lázaro Báez existía una estructura estatal corrupta", agregó y advirtió que Austral Construcciones "no fue una verdadera empresa, sino un instrumento".

Cristina es señalada allí como la jefa de una asociación ilícita y además por el fraude en perjuicio del Estado. En caso de que considere que fue responsable por ambos delitos, se podría pedir una pena que va hasta los 16 años de prisión y podría incluir una inhabilitación para ocupar cargos públicos, algo que ya fue leído entre los sectores kirchneristas como un método de proscripción. Entre los involucrados en el juicio están también el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López. 

Hace dos semanas, Cristina publicó un video donde apuntó no solo contra los integrantes de la Corte Suprema (que rechazaron intervenir en una serie de recursos que había presentado su defensa en la causa) sino también contra los jueces del TOF 2.

“Con tres años de demora, la Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon los medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado", marcó Cristina. A eso le agregó que el Tribunal “ya tiene escrita la condena”: “creo, a esta altura, hasta firmada".

Tras el alegato de la fiscalía, será el turno de las 13 defensas involucradas en el expediente de exponer sus hipótesis. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso son los que tendrán que tomar una decisión en la causa, que se estima podría conocerse antes de enero del 2023, aunque dependerá de cómo se lleven adelante estos meses.

Aunque a Cristina efectivamente se la condenara a una pena de prisión efectiva, todavía quedaría las instancias de revisión de la sentencia. Esto significa que mientras la condena no esté firme, la actual vicepresidenta no podrá ir detenida. Cabe aclarar que los fueros que posee Cristina solo la “protegen” de ir detenida y no de ser juzgada/condenada.