En el marco de la investigación por la causa Vicentín, se llevaron a cabo más de 20 allanamientos vinculados en distintas ciudades de Santa Fe y el Gran Buenos Aires. Los operativos fueron solicitados por los fiscales provinciales Miguel Moreno y Sebastián Narvaja, de la Oficina de Delitos Económicos de la Fiscalía regional.

Los allanamientos se realizaron en paralelo por la Gendamería en distintos domicilios particulares y oficinas de Rosario, Funes, Reconquista y Avellaneda en la provincia de Santa Fe, en Adrogué y en la Ciudad de Buenos Aires, donde se incautaron documentos contables, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Además, se emitieron órdenes de detención para al menos cuatro personas allegadas a la familia fundadora de la empresa, incluyendo a Daniel Buyatti, ex presidente de Vicentin, y a Roberto Gazze, integrante del directorio.

La investigación por Vicentin se inició en 2020 y ya hay un requerimiento de elevación a juicio. La Fiscalía busca esclarecer las maniobras financieras que llevaron a la empresa a una cesación de pagos multimillonaria un año antes, afectando a productores, cooperativas y entidades bancarias.

Según consideran los fiscales Miguel Moreno y Sebastían Narvaja el default de la empresa en 2019 no fue producto de una crisis repentina sino la exteriorización de un proceso de endeudamiento y deterioro que comenzó años antes y que se ocultó a los bancos que le prestaban dinero y a las empresas agropecuarias que le entregaban mercadería, mayormente bajo la modalidad conocida como “a fijar precio", que es muy utilizada en el comercio de granos.

En este marco, los exdirectivos de Vicentín fueron acusados de haber “falsificado balances anuales” con cierre a octubre de 2017 y octubre de 2018 para ocultar el verdadero pasivo de la empresa. También se los acusa de elaborar y presentar “informes trimestrales falsos” a cinco bancos internacionales entre enero de 2017 y julio de 2019, mostrando una solidez patrimonial aparente para “obtener créditos por más de 500 millones de dólares”.

En octubre del 2021, la Fiscalía imputó a trece exmiembros del directorio de la empresa por estafa contra productores, acopios y bancos, así como por acciones de defraudación y la aprobación de balances falsos. Según detallaron los fiscales, desde 2017 habría operado una asociación ilícita simulando una solvencia financiera que les permitió obtener líneas de crédito y captar granos, mientras se administraban infielmente los recursos de la empresa.

Asimismo, en abril de 2022, la Fiscalía de Delitos Económicos de Rosario imputó a directivos de Vicentin y de Renova por administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Commodities SA.