Fabián Rossi fue el primero en tocar la puerta de Comodoro Py. Se presentó una hora y media antes de lo previsto, entró al sexto piso del edificio y se puso a disposición del Tribunal Oral Federal 4, que ordenó las detenciones de los seis condenados por la causa conocida como la Ruta del dinero K. Es el inicio de una nueva etapa judicial tras el aval de la Corte Suprema, que la semana pasada dejó firmes las penas por el millonario circuito de lavado de dinero vinculado a Lázaro Báez.

Rossi, exapoderado de la financiera SGI, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Aquel nombre que resonó en los medios más por su relación con Iliana Calabró que por su actividad financiera, ahora tiene que enfrentar la parte más dura de su sentencia. Luego de cumplir con los trámites formales, fue trasladado a la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina, donde esperará que se resuelva su situación penitenciaria definitiva.

Otros cuatro condenados ya siguieron el mismo camino: César Fernández (empleado de SGI), el empresario Carlos Molinari,  Eduardo Castro y Juan Alberto De Rasis, quien trabajaba en un banco suizo involucrado en el circuito delictivo y estaba viajando desde Mendoza para cumplir con la citación. Todos habían sido convocados para este lunes a las 10:30 horas, según lo dispuesto por el juez Néstor Costabel, a pedido del fiscal Abel Córdoba.

Pero no todos llegaron. Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, no apareció en los tribunales porque, según su defensa, se encuentra internado desde el viernes por una descompensación. Ese mismo día se había ordenado su detención. El abogado presentó certificados médicos que serán analizados por el tribunal, mientras su situación procesal queda momentáneamente en pausa.

Los seis condenados que se entregan ahora tienen una particularidad: nunca estuvieron detenidos antes, y las penas que recibieron son de cumplimiento efectivo. Sus defensas, sin embargo, ya jugaron su carta y pidieron que se les conceda la prisión domiciliaria, amparándose en cuestiones de salud o edad avanzada. La Justicia resolvió analizar esos pedidos por separado, en legajos distintos, y eso implica pericias médicas y evaluaciones específicas. Hasta entonces, todos quedarán alojados en dependencias de la Policía Federal o del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

Más allá de estos seis, la lupa ahora vuelve a posarse sobre Lázaro Báez y el resto de los condenados que sí estuvieron presos. El empresario santacruceño, condenado a 10 años de cárcel, ya pasó tres años en el penal de Ezeiza y luego siguió en arresto domiciliario desde diciembre de 2019, aunque por otra causa: el expediente por la compra del campo El Entrevero, en Uruguay. Esa segunda condena, de cuatro años y medio, aún no está firme.

La defensa de Báez sostiene que deben computarse los casi nueve años y medio de prisión (entre cárcel y domiciliaria) como cumplimiento de su pena por la Ruta K. Pero la Cámara Federal ya sentó una posición contraria: en esta causa solo valen los tres años en prisión, ya que luego fue excarcelado y su arresto domiciliario es por otro expediente. Ahora la pelota está en manos del fiscal y del tribunal, que deberán definir si el empresario debe volver a prisión o ya cumplió su condena.

El resto de los involucrados tiene recorridos similares. Martín Báez, hijo de Lázaro, estuvo detenido desde enero de 2019 hasta junio de 2023. En cuanto a Jorge Chueco y Daniel Pérez Gadín, ambos quedaron en libertad por esta causa, pero siguieron en arresto domiciliario por el caso El Entrevero. Chueco salió en junio de 2020, y Pérez Gadín en noviembre de 2023. En estos casos, el TOF 4 deberá hacer los cómputos y definir si las penas ya están cumplidas o si les queda tiempo de encierro por delante.