El ex ministro de Energía Javier Iguacel y el ex secretario del área Gustavo Lopetegui fueron citados hoy a indagatoria en el marco de una causas donde se investiga la venta “a un valor muy inferior al real” de las centrales termoeléctricas "Brigadier López" y "Ensenada de Barragán". Iguacel tendrá que conectarse el 11 de noviembre mientras que Lopetegui lo hará el próximo 12 ya que las declaraciones se realizarán de forma virtual. A ambos se les dictó además la inhibición general de sus bienes.

Además de Iguacel y Lopetegui, el juez federal Sebastián Casanello citó e inhibió a Mario Agustín Dell’ Acqua, Luis Eduardo Pintos, Daniel Gustavo Minenna, Claudia Liliana Mundo Alejandro Martín Fontan Balestra, Mario Ricardo Thiem y Carolina Calcagno, algunos integrantes de Integración Energética Argentina (IEASA-ex ENARSA) y otros funcionarios públicos.

De acuerdo a la acusación planteada por el querellante y por la fiscalía, los hechos ocurrieron entre 2017 y 2019 dentro de la administración de la empresa IEASA (ex ENARSA). Allí se recordó el dictado del decreto del Poder Ejecutivo 882/17 donde se había instruido al Ministerio de Energía y Minería de la Nación para que procediera a la fusión de ENARSA y EBISA, luego de lo cual pasarían a denominarse INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA SA (IEASA). En el artículo  6 del mismo decreto se ordenó la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia de los activos de las centrales “Ensenada de Barragán” y “Brigadier López”.

De acuerdo a la hipótesis acusatoria, la transferencia de las centrales estuvo precedida de modificaciones a los pliegos que “esmerilaron” el activo y patrimonio del Estado sin ningún tipo de causa o justificación, ni siquiera con aquellas apuntadas por el Decreto 882/2017, que giraban en torno a asegurar el suministro eléctrico a la población y reasignar los recursos del Estado en materia energética.

En el planteo realizado por el fiscal Ramiro Gonzaléz y el actual presidente IEASA (querellante en la causa), se afirmó que ese perjuicio para el Estado Nacional lo constituyen el hecho de haber vendido las centrales térmicas “en condiciones económicas y financieras absolutamente desfavorables; en haberle restado un ingreso legítimo a IEASA proveniente de la generación de energía eléctrica; y, a la vez, en haberle otorgado facilidades y ventajas injustificadas a los adquirentes”.

La Fiscalía estimó el perjuicio para el Estado en 12.407.024.000 de pesos al 2018. En referencia a las irregularidades en los pliegos de licitación, se señaló que la última modificación al pliego comprendía una disminución del 10% del mínimo a ofrecer en efectivo por los oferentes (pasó del 85% al 75%) y la eliminación del valor de tasación como piso para las ofertas a presentar (Resolución ministerial nro. 123/2018 y circular de IEASA nro. 1/2018).

De ese modo, la venta se produjo por un valor inferior al de la tasación. “De tal suerte, las centrales térmicas se vendieron por montos inferiores a su valor real a las empresas Central Puerto SA y CT Barragán SA, ocasionando pérdidas al Estado Nacional junto a la imposibilidad de disponer de un activo generador de importantes ganancias y asegurador de suministro eléctrico a la población”, se sostuvo en el escrito donde se habían pedido las indagatorias de los involucrados.