Los gobernadores peronistas viajaron este martes hasta Casa Rosada para mantener una reunión con el presidente Alberto Fernández. A la salida, confirmaron lo que ya había anticipado el gobierno, el Frente de Todos presentará un pedido de juicio político contra toda la Corte Suprema de Justicia.

Fue Jorge Miltón Capitanich el mandatario a cargo de hacer el anuncio en Casa de Gobierno. El gobernador de la provincia de Chaco detalló "la firma de un pedido de juicio político" por “mal desempeño de sus funciones” contra los cuatro jueces del máximo tribunal, y no solamente contra el titular Horacio Rosatti.

"Junto a gobernadores y gobernadoras hemos tenido una reunión con el señor presidente con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, en virtud del mal desempeño de funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia", explicó el mandatario provincial.

De esta manera, la iniciativa podrá ingresar desde este miércoles en la Cámara de Diputados donde se debe dar inicio al tratamiento de este tipo de iniciativas. Pero por estar en receso, si el Gobierno quiere tratarlo antes del 1 de marzo deberá convocar a sesiones extraordinarias e incluir el pedido de juicio político en el temario. “Es lo que intentaremos hacer”, confirmó a Data Clave un diputado del oficialismo con acceso a la comisión que debe tratar el tema y del riñón de los 12 gobernadores que hicieron la presentación.

¿Cómo es la comisión que debe dar trámite?

La comisión de Juicio Político se reunió solo una vez en el año a pesar de tener varios proyectos contra dirigentes del gobierno nacional y de la justicia. Es una de las comisiones clave que siempre se queda a resguardo del oficialismo. Por eso, en esa única reunión se eligió a Carolina Gaillard como presidenta. Una representante del peronismo entrerriano, que responde al gobernador Gustavo Bordet y que por ende pertenece al riñón albertista.

Reunión del 24 de mayo de 2022, la única de la comisión de Juicio Político en todo el año

El cuerpo está integrado en total por 31 miembros. De ellos, 16 son del Frente de Todos, lo que le asegura con un voto más de la mitad la posibilidad de imponer un despacho. Del resto, 14 de Juntos por el Cambio y el otro del Interbloque Federal.

Por el oficialismo, además de la mencionada Gaillard, están varios diputados con perfil kirchnerista y de agenda judicial como Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley, José Luis Gioja, Leonardo Grosso y Hugo Yasky, entre otros. También hay referentes de los gobernadores como Juan Manuel Pedrini de Chaco y Ricardo Davies de Santiago del Estero. Tanto Capitanich como Gerardo Zamora son los dos mandatarios provinciales que encabezan el reclamo contra la Corte.

El massismo tiene su silla con el bonaerense Ramiro Gutierrez y La Campora con el santafesino Marcos Cleri. Además, el presidente del bloque oficialista, Germán Martinez, también tiene voto en la comisión.

En la oposición, por JXC se destacan los presidentes de bloque UCR y CC, Mario Negri y Juan Manuel López, respectivamente y los diputados del PRO, Graciela Ocaña, Pablo Tonelli, Omar De Marchi, Paula Oliveto y María Luján Rey, entre otros. El bloque de Martín Lousteau tiene también una voz en Carla Carrizo. 

Por último, el presidente del Interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, es parte. Es un bloque clave porque ahí están los tres diputados de otro gobernador de peso, hablamos de Juan Schiaretti de Córdoba.

El camino en el recinto

La perspectiva favorable que tiene el Frente de Todos en la comisión de Juicio Político se desvanece si miramos el recinto. Es que ahí, pase lo que pase, para la aprobación de un dictamen de recusación deben conseguirse las dos terceras partes del total. Algo imposible con el rechazo de la oposición.

“Van camino al fracaso”, sintetizó a este portal un diputado con voto en la comisión en referencia a una posible votación en el recinto. Según fuentes parlamentarias, los legisladores de los bloques opositores que deben participar del primer tramo del debate no fueron informados de ningún procedimiento que pueda anticiparse estos días.

En todo caso, el Gobierno deberá dar un paso más en su embestida y posicionamiento político contra la Corte Suprema y habilitar las sesiones extraordinarias con este tema incluido. Entre tantas urgencias de proyectos económicos que acumula el oficialismo, ¿podrá darle prioridad a este pedido?