Con 202 votos positivos, 37 negativos y 13 abstenciones, el Gobierno logró un amplio respaldo en la Cámara de Diputados para aprobar el programa de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que refinancia el "Stand By" que tomó la gestión de Cambiemos.

El proyecto, que fue discutido durante toda la semana, tuvo visto bueno a última hora del miércoles en la comisión de Presupuesto y el oficialismo ya estaba seguro de contar con los votos suficientes para materializar su aprobación en el recinto.

El hombre clave en la negociación fue Sergio Massa, encargado de dialogar con las distintas fuerzas políticas para que se de visto bueno al refinanciamiento, no así al programa económico que quiso llevar adelante el ministro Martín Guzmán, debilitado políticamente por no lograr adhesiones.

A pesar de las idas y vueltas, Juntos por el Cambio terminó siendo la coalición que más votos aportó para que saliera el acuerdo que envió el Poder Ejecutivo. De los 202 avales, 111 fueron de Juntos por el Cambio (sobre los 116 que integran el espacio); 8 del interbloque Federal; 5 de Provincias Unidas y 2 de Ser.Energía. Los cuatro de JxC que no acompañaron responden directamente a Patricia Bullrich: el porteño Fernando Iglesias, el pampeano Martín Maquieyra, el neuquino Francisco Sánchez y Héctor Stefani, legislador por Tierra del Fuego.

El Frente de Todos aportó un total de 75 votos a favor, mientras que los 42 diputados restantes repartieron un total de 29 negativos y 13 abstenciones. En ese juego, además de La Cámpora, ingresaron los legisladores que responden a movimientos sociales y sindicales, como el caso de la Corriente Clasista y Combativa, el Partido Comunista y el Frente Patria Grande.

Nueve optaron por la abstención: Lisandro Bormioli, Daniel Gollan, Gustavo González, Itai Hagman, Claudia Ormachea, María Rosa Martínez, Sergio Palazzo, Vanesa Siley y Jorge Verón.

Los restantes, entre ellos el propio Máximo Kirchner, lo hicieron por la negativa: Constanza Alonso, Cristina Brítez, Nilda Carrizo, Leila Chaher, Marcos Cleri, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Federico Fagioli, Santiago Igon, Rogelio Iparraguirre, Florencia Lampreabe, Tomás Ledesma, Mónica Macha, Gisela Marziotta, Lucila Masín, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau, Alejandra Obeid, Paula Penacca, Agustina Propato, Rodolfo Tailhade, Marisa Uceda, Lucio Yapor, Carolina Yutrovic y Natalia Zaracho.

Otros que votaron en contra fueron el Frente de Izquierda, con cuatro votos; La Libertad Avanza, con Javier Milei a la cabeza y su par Victoria Villarruel; Avanza Libertad, con José Luis Espert y Carolina Píparo y Ricardo López Murphy, por el frente Republicanos Unidos.

Los argumentos camporistas

El espacio que lidera Máximo Kirchner, quien no brindó ningún discurso y se limitó a votar en contra cuando se llamó al recinto, difundió un texto de 15 páginas en el que justificaron su posición y advirtieron que "el problema no es firmar, es qué se firma".

El título del comunicado dice "la vuelta del FMI a la Argentina; ¿cómo llegamos hasta aquí?" y da una serie de explicaciones sobre cómo se implementó el "plan de ajuste" y cuáles son "las actuales circunstancias del país".

"La aplicación de las políticas del presente acuerdo no sólo no van a solucionar ninguno de los problemas estructurales de la economía bimonetaria argentina, los van a agravar", alerta en el punto 2 el documento de ese grupo de legisladores, donde además se vaticina que "el presente 'acuerdo' deberá ser revisado" en el futuro.

En la misma línea, se señala que "los programas del Fondo no son apropiados para promover el crecimiento ni tampoco para controlar la inflación".

"Por el contrario, en los períodos de vigencia de acuerdos con el FMI, la inflación promedio fue más elevada por la sencilla razón de que las medidas que impulsa el Fondo la aceleran", añade.

"Nuestra fuerza política puede dar testimonio de que siempre tuvo que hacerse cargo y pagar las deudas que tomaron los gobiernos de signo político e ideológico opuesto.(...) El problema no es firmar con el FMI. Está claro que si tenemos una deuda con el Fondo tenemos que firmar un acuerdo con ese organismo. El problema, entonces, no es firmar. El problema es qué se firma", agrega el texto en el punto 3.

En las últimas definiciones, el pronunciamiento señala que la causa judicial por las responsabilidades penales de la deuda contraída en 2018 exige "una actitud y un concepto diferente de estrategias de negociación", al tiempo que subraya que "el tema más importante" es "quién va a pagar esta deuda", a la que define como "irregular", dado que "buena parte de la misma fue fugada del país".

Y en relación a las consecuencias del acuerdo para los próximos años, sostiene que "no asegura la sostenibilidad" luego de 2025 ya que -una vez cumplido el período de gracia- el cronograma de pagos al Fondo coincidirá "con las amortizaciones de deuda a los acreedores privados".