Después del baldazo de agua fría que representó el rechazo en el Senado a la ley de Ficha Limpia, el diputado nacional Fernando Carbajal volvió a la carga con una iniciativa que persigue el mismo espíritu, pero por otro carril. El legislador formoseño presentó un proyecto para que toda condena penal con doble conforme pueda ser ejecutada sin necesidad de esperar un fallo de la Corte Suprema. Y aunque no lleva el nombre original, la intención es clara: elevar los estándares de los candidatos y acorralar al sistema político.

La jugada de Carbajal, integrante del bloque Democracia y uno de los radicales que decidió marcarle la cancha tanto a Javier Milei como a su propio espacio, se basa en una diferencia técnica clave: no toca el Código Electoral sino el Código Procesal Penal Federal. Eso le permite evitar los límites de tratamiento legislativo impuestos por el calendario electoral y lograr que la iniciativa pueda discutirse con mayoría simple. Es decir, tiene más chances de ser tratada antes que el año termine.

En su articulado, el proyecto establece que una sentencia penal quedará firme cuando no sea apelada, cuando haya sido confirmada por una segunda instancia y no se interponga un recurso extraordinario, o si ese recurso es rechazado o declarado improcedente. En cualquiera de esos escenarios, la pena debe cumplirse de inmediato, incluida la inhabilitación automática para ejercer cargos públicos, como marca el artículo 12 del Código Penal en penas mayores a tres años.

“El recurso extraordinario federal y el recurso de queja no suspenden la ejecución de la sentencia. Esto implica que con el doble conforme todas las sentencias penales deben ejecutarse”, explicó Carbajal, que antes de asumir como diputado fue juez. Para él, se trata de “aclarar lo que ya debería ser una regla” y evitar que se eternicen causas con condenas ya ratificadas por la Justicia.

El texto no limita su alcance a delitos de corrupción, como ocurría con la versión caída en el Senado. En cambio, abarca todas las condenas penales superiores a tres años, lo que multiplica su impacto potencial. Además, el proyecto suma un artículo casi inédito: contempla una indemnización obligatoria para personas que hayan cumplido condenas y luego sean absueltas por la Corte. Un agregado que busca equilibrar el enfoque punitivista con una garantía para quienes sean víctimas de errores judiciales.

La movida no fue improvisada. Se conoció apenas una semana después del rechazo en la Cámara Alta, en una sesión donde dos senadores misioneros —aliados del oficialismo en casi todas las votaciones— terminaron inclinando la balanza en contra del proyecto. Aquel traspié dejó heridas abiertas y sospechas por todos lados. Se acusó a Milei de haber boicoteado la ley para seguir polarizando con Cristina Kirchner, mientras el Presidente se desligó con una frase que echó más leña al fuego: “Fue una operación del macrismo”. La expresidenta, en cambio, optó por el silencio absoluto.

“Esto es una verdadera Ficha Limpia, no los mamarrachos jurídicos que algunos irresponsables han agitado con fines políticos de baja estofa”, escribió Carbajal en los fundamentos del proyecto, que también cuenta con las firmas de los diputados Marcela Coli, Manuel Ignacio Aguirre, Jorge Rizzotti y Juan Carlos Polini, todos del mismo bloque.

Aunque las chances de que esta propuesta avance de inmediato son bajas —el Congreso entrará en modo electoral y el ritmo legislativo se frena—, el objetivo del diputado está claro: mantener en agenda un tema incómodo para el oficialismo y empujar un debate que viene irritando a buena parte del sistema político.

El artículo 12 del Código Penal establece que toda condena mayor a tres años conlleva inhabilitación para cargos públicos, aunque su aplicación efectiva ha sido históricamente demorada por los tiempos judiciales. El proyecto de Carbajal busca modificar ese mecanismo de ejecución para que no dependa más de la Corte Suprema y se aplique con el doble conforme como nuevo estándar.