Con 56 votos positivos y 12 negativos, el Senado convirtió en ley el proyecto que declara de interés público la investigación y adquisición de las vacunas contra el coronavirus y autoriza al Gobierno a firmar convenios con los distintos laboratorios. Uno de los aspectos principales de la iniciativa es que se mantiene la jurisdicción de tribunales extranjeros como posibilidad para negociar en el marco de cláusulas que pueden llegar a exigir algunas empresas dueñas de las vacunas.

El primero de los proyectos, que declara de interés público la investigación y adquisición de las vacunas contra el nuevo coronavirus, autoriza al Gobierno a disponer el tratamiento y a firmar convenios con los distintos laboratorios. Uno de los aspectos principales de la iniciativa es que se mantiene la jurisdicción de tribunales extranjeros como posibilidad para negociar en el marco de cláusulas que pueden llegar a exigir algunas empresas dueñas de las vacunas.

Los votos negativos fueron todos de la bancada de Juntos por el Cambio que dividió sus voluntades: Martin Lousteua, Maria Belen Tapia, Silvia Elias de Perez, Victor Zimermann, Laura Rodriguez Machado, Pamela Verasay, Esteban Bullrich, Alfredo De Angelis, Eduardo Costa, Oscar Castillo, Lucila Crexel y Clara Vega.

El miembro informante del oficialismo, Jose Neder (Santiago del Estero), aseguró que "a través de este proyecto, queremos establecer condiciones para la compra de vacunas generando normativas necesarias que nos permitan obtenerlas con mayor celeridad para solucionar el problema de inmunidad en nuestro país", dijo el santiagueño.

A su turno, el radical Mario Fiad (Jujuy) que fue miembro informante de una porción de Juntos por el Cambio, adelantó que acompañará el dictamen del oficialismo. "Tenemos grandes expectativas en que se pueda lograr aprobar una vacuna que, con seguridad y eficacia, pueda ayudarnos a salir de esta dramática pandemia mundial. Vemos con profunda preocupación los rebrotes que se están produciendo en otros países", señaló.

El puntano Claudio Poggi coincidió con su compañero de bancada pero resaltó que "este es un proyecto otorga muchas facultades al gobierno nacional, en particular al Ministerio de Salud. Me preocupan los condicionamientos a los que eventualmente deberíamos someternos como país a los grandes intereses de laboratorios internacionales", afirmó.

Por su parte, la patagónica Maria Belen Tapia (Santa Cruz) anticipó la fractura de criterios al interior de la bancada opositora y presentó un dictamen de minoría con fuertes diferencias al del Frente de Todos. “Las vacunas son un bien social pero ninguna de las que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación tiene una situación siquiera semejante desde lo jurídico y sanitario como las que pueden ingresar contra el Covid”, apuntó la legisladora.

La oficialista Nancy Gonzalez (Chubut) criticó la postura de este sector de la oposición por sembrar dudas en la vacuna y afirmó que “la vacuna que sea elegida por el Estado, la gente va a tener toda la información. Tenemos un gobierno responsable, no queremos ocultar nada, queremos la mejor vacuna”.

En contrapartida, la senadora del PRO, Laura Rodriguez Machado (Cordoba) confirmó su rechazo al proyecto pero aseguró que no era un proyecto para estar en contra o a favor de la vacuna sino un marco para la compra. “No vamos a votar las cláusulas que no podamos conocer cuando el Estado compre la vacuna”, dijo la cordobesa.

Para cerrar el debate, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (Formosa) sentenció que “en este tema no puede haber duda”. El referente de la bancada opositora se diferenció de las críticas al proyecto y aseguró que “se tiene que avanzar”. “En tema salud, la mirada tiene que ser colectiva. El paso de darle sanción a esta ley es imprescindible, más allá de las disidencias que comparto”, concluyó.

Al igual que en la Cámara alta, el proyecto contó con un amplio consenso en Diputados aunque un puñado de legisladores de Juntos por el Cambio optó por el voto negativo. Desde la ciencia, especialistas anticiparon sobre la gravedad que podría provocar una “flexibilización” en las exigencias de seguridad.

Las principales exigencias de los laboratorios giran en torno a la prórroga de la jurisdicción, la indemnidad patrimonial frente a reclamos y la aprobación rápida por parte de los organismos competentes. El Gobierno asegura que la ANMAT estará a cargo de la seguridad como en el resto de las vacunas.

El segundo de los proyectos, el de etiquetado de alimentos, establece la colocación de información en la parte frontal de los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Este proyecto mantiene una crítica de los senadores por Tucuman, tanto del oficialismo como de la oposición, por el impacto negativo que podría tener en la industria azucarera.

El segundo de los proyectos que cerró la sesión, el de etiquetado de alimentos, establece la colocación de información en la parte frontal de los envases de alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías. Recibió un amplio apoyo con 64 votos positivos y 3 negativos. Los rechazos vinieron de las senadoras por Tucuman Silvia Elias de Perez, Beatriz Mirkin y la riojana Clara Vega.

El proyecto recolectó una crítica de los senadores por Tucuman, tanto del oficialismo como de la oposición, por el impacto negativo que podría tener en la industria azucarera. “En este proyecto no se hace distinción entre el azúcar total y el azúcar agregado, entonces, cualquier producto con pocos gramos de azúcar llevará un sello de advertencia que diga que no lo consuman”, dijo la radical Elias de Peréz.

“Esta ley no va en contra de nadie, al contrario, va en favor de todos. Es una ley absolutamente necesaria, la salud es fundamental y la economía también”, retrucó el pampeano Juan Carlos Marino.

En tanto, para el viernes quedarán los proyectos para confirmar una prórroga por cuatro años del régimen que promueve la producción, promoción y uso de los biocombustibles y el proyecto de Ley con media sanción de Diputados para la Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que reclaman los gobernadores.El oficialismo pretende que la iniciativa se apruebe sin cambios para no demorar la sanción definitiva.