Finalmente y luego de pasar cuatro años y tres meses en prisión preventiva, Lázaro Báez pasará a cumplir una detención domiciliaria. El Tribunal Oral Federal Nº4 ordenó esta tarde que el empresario cumpla una serie de requisitos entre los que está la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico.

Báez tenía desde marzo una prisión domiciliaria otorgada pero que no se había hecho efectiva porque aún estaba con preventiva en esta causa, es un desprendimiento del expediente original conocido mediáticamente como la “Ruta del Dinero”. Si bien técnicamente la resolución habla de una excarcelación, Lázaro no quedará en libertad justamente por estar esa domiciliaria vigente.

El Tribunal dijo en sus tres páginas de resolución que su criterio no había cambiado pero que no le quedaba otra opción que tomar este camino debido al fallo que dictó hoy la sala IV de la Cámara de Casación Penal. El TOF le había negado cualquier posibilidad de morigeración pero hoy Casación le marcó la cancha y le hizo notar que tanto la Fiscalía como la querella habían dado las pautas para que la detención dejara de ser en un penal.

 

Fallo del Tirbunal Oral en lo Criminal Federal 4 por la excarcelación de Lázaro Báez 

 

Además del dispositivo para controlarlo (una pulsera o tobillera), el Tribunal decidió fijarle una caución real de 632.500.000 de pesos. ¿Qué significa eso? Es una especie de garantía sobre los bienes que tenga la persona imputada. Ante este panorama, la defensa de Lázaro presentó un escrito considera “exorbitante y de imposible cumplimiento” la caución “en función de los múltiples embargos e inhibiciones impuestos”. 

“Debemos insistir en este sentido: Lázaro Antonio Báez se encuentra detenido hace más de 4 años y 3 meses, todas sus empresas y cuentas se encuentran inhibidas y/o embargadas, al tiempo que, cualquier movimiento de dinero, a los fines de cumplir con la manda impuesta por este Tribunal, importaría una violación a las propias medidas cautelares actualmente vigentes”, marcó la defensa en un escrito al que accedió DataClave.

En nuestro país, el tiempo máximo que se puede estar detenido sin una condena son dos años. La ley permite extender ese período en casos excepcionales por un año más. El caso de Lázaro excedió ese plazo de manera clara pero la figura del empresario nunca generó demasiada empatía con ciertos sectores que hablaban del exceso en las prisiones preventivas durante el macrismo.

Fallo de Casacación Penal