Ayer comenzó el juicio contra un presunto jefe narco enfrentado a la banda delictiva de Rosario denominada “Los Monos”. Se trata de Esteban Lindor Alvarado, apuntado como líder de una resonante organización narcocriminal de la ciudad santafesina. Se lo juzgará como instigador de un homicidio y cabecilla de una asociación ilícita acusada de múltiples delitos, entre ellos lavado de activos. También estarán en el banquillo de los acusados otros cuatro miembros del violento grupo.

Ahora, en el segundo día del juicio en su contra, admitió el ataque a una funcionaria pero negó otras acusaciones. “Me voy a hacer cargo de lo que hice, pero no de lo que no hice”, dijo y se quejó de la multa de 758 millones de pesos que habían pedido más temprano los fiscales al solicitar para él una pena de prisión perpetua. 

En la misma sintonía, Alvarado disparó: “Quieren recaudar lo mismo o igual que la multa que le pusieron a Lázaro Báez teniendo mil propiedades y mil vehículos”. Aunque reconoció haber participado de la intimidación a una empleada judicial, a quien le arrojaron una cabeza de perro y luego le balearon la casa en enero de 2019. “La idea era dejarle una corona”, aclaró.

Cabe señalar que el empresario narco fue condenado por robo de autos en el conurbano bonaerense y ahora enfrenta un pedido de prisión perpetua junto a otros tres acusados por planear y ejecutar el crimen del prestamista Lucio Maldonado en noviembre de 2018. 

Se lo acusa además de ser el jefe de una organización dedicada al delito que trasvasaba sus ingresos a una red de empresas, todo con protección policial y capacidad de influir en pesquisas judiciales, además de cinco casos de lavado de activos, dos atentados simultáneos al edificio de Tribunales y al Centro de Justicia Penal de diciembre de 2018 y el atentado a tiros contra la casa de una empleada del Ministerio Público de la Acusación del 31 de enero de 2019. 

“Tomé la decisión de declarar después de escuchar a los fiscales la cantidad de falsedades que dijeron”, vociferó “el Esteban” luego de que su equipo de abogados terminó de presentar sus alegatos. Los defensores Juan Pablo Guenzi, Pablo Morosano, Lucas Peirone y Juan Pablo Audisio pidieron que se lo juzgue en base a las pruebas del juicio y “no simplemente por el apellido Alvarado”. Reclaman un “juicio justo”.

“Veo que no voy a tener un juicio justo porque se me afectó el derecho a defensa. Nunca pude escuchar los audios de los teléfonos que me abrieron”, objetó el imputado al tiempo que cuestionó que no le permitieran designar un perito de parte para la apertura de su celular, de donde se recuperaron audios que contienen el grueso de la prueba. “La fiscalía volcó la balanza para quienes declaraban en contra mío, le daban medialunas y café”, arremetió.

“A mi mujer (Rosa Capuano) le pedían 8 años y le dieron 3 en libertad. Fue por conveniencia, nadie quiere ir un día preso. Todos los que firmaron fue por conveniencia”, remarcó y aseguró que él mismo estuvo a punto de acordar un abreviado “por cuatro causas a 12 años”. Y sentenció: “Difamaron, yo no estoy imputado. Por eso digo: yo ya estoy condenado”. 

Y añadió: “Hablan de Alvarado, de asociación ilícita, de millones, de 1.950 millones. Quieren recaudar lo mismo o igual que le pusieron a Lázaro Báez teniendo mil propiedades y mil vehículos”.

“Yo me voy a hacer cargo de lo que hice, porque la Fiscalía dijo cosas de verdad también. Pero las que presumen, no van. De lo que hay pruebas me voy a hacer cargo”, manifestó Alvarado y reveló que al enterarse de que estaba declarando Rodrigo Ortigala, un exhombre de su entorno que testificó en su contra, intentó desviar las investigaciones del crimen de Lucio Maldonado para inculparlo. Dijo que de esa trama participaron el policía Pablo Báncora, condenado por incorporar pistas falsas a la pesquisa, y Jorgelina Chaves, exjefa de la comisaría 24ª de Granadero Baigorria, también condenada por sus aportes al grupo.

“Me dicen: Ortigala te está tirando a matar. Te quieren ver en cana”, contó. Entonces, según dijo, Báncora le pidió 50 mil pesos para favorecerlo y a ese dinero lo aportó su colaborador Marcelo Nicolás “Fino” Ocampo, asesinado en abril del año pasado. Alvarado dijo que entre ellos pergeñaron un plan para intimidar a una empleada de Fiscalía que investigaba el patrimonio de Alvarado, a cuya casa de barrio Martin arrojaron una cabeza de perro el 14 de enero de 2019. El 31 atacaron la vivienda a balazos. “Esteban” dijo que la idea no era “atentar” contra la empleada sino dirigir sospechas hacia Ortigala.

“Yo estaba en Córdoba. No me gustó, porque tonto no soy. No me puedo tirar nunca contra el poder, el fiscal, porque pierdo toda la vida. Cuando me entero le dije que estaba loco, que iba a traer problemas. Nunca tuve la intención de amedrentar a la justicia o fiscal, era desviar la investigación contra Ortigala. Le pido disculpas (a la víctima) por pasar por ese mal rato. Era la idea de una corona en principio”, confesó Alvarado.

Por último aludió al crimen de Lucio Maldonado, el prestamista informal que apareció con cuatro tiros en la cabeza en cercanías del casino City Center en noviembre de 2018, tras haber estado secuestrado en una casa quinta del paraje Los Muchachos registrada a nombre de los hijos de Alvarado.

“No era mi amigo ni mi enemigo. Lo conocía por amigos en común. No es como dice la Fiscalía. No soy asesino, no tengo causa por homicidio. Me ponen como instigador y no dicen por qué. No hay motivo de que fue Alvarado. No hay escucha”, aseguró.