Desde el momento en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la composición de 13 integrantes del Consejo de la Magistratura era inconstitucional, el organismo encargado de los procesos de elección y remoción de jueces atravesó múltiples inconvenientes. El último tiene que ver con su composición para el período 2022-2026, que desató una batalla entre el Máximo Tribunal y el Poder Legislativo, al poner en jaque al representante oficialista por el Senado. En el medio, el fuero Contencioso Administrativo también jugó sus fichas y cuestionó a una diputada por la UCR.

El llamado “fuero de la gobernabilidad” recibió un ‘sogazo’ por parte de la Corte cuando se dictó el fallo que dejó afuera del Consejo a Martín Doñate. Hasta ese momento, Contencioso había rechazado los intentos de Luis Juez por invalidar la pertenencia del senador kirchnerista. Los juzgados contenciosos administrativos son los que dirimen y de alguna forma controlan las políticas públicas. Creados en septiembre de 1948, quedan siempre opacados por la espectacularidad de los fuegos artificiales de Comodoro Py. No obstante, intervienen en los cuestionamientos a decretos, leyes, regulaciones y diversos reclamos.

Este año, el oficialismo le había pegado después de revelarse el ‘AduanaGate’. Hay que recordar que la Dirección General de Aduanas detectó a mediados de este año que entre las autorizaciones judiciales que logró una firma para liberar mercadería salteándose el requisito de validar la SIMI (el Sistema integral de monitoreo de importaciones, le “había cedido” la autorización a otra compañía. Ese permiso, como forma de “alquiler”, fue detectado además en otros casos. Por ese motivo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó contra una resolución que dictó la jueza contenciosa Cecilia Gilardi Madariaga de Negre. “O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, acusó. No es la primera vez que disparaba contra “el festival de importaciones” y el rol que juegan los magistrados dentro de este fuero en particular. 

El juzgado de Madariaga de Negre fue uno de los apuntados en 2021 como dentro de los más "permeables" a los reclamos de empresarios en búsqueda de autorizar importaciones. Recordaron también dentro del oficialismo que allí se le dio el visto bueno a la primera cautelar contra el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas, aunque esa postura quedó prácticamente a contramano del resto del fuero.

Ahora, el Contencioso quedó en la mira por el fallo que sorpresivamente dejó afuera a Roxana Reyes de la UCR, aplicando los considerandos del fallo donde la Corte invalidó a Doñate. Esta misma semana, se rechazó la cautelar que Luis Juez pidió para impedirle al propio senador kirchnerista integrar el Consejo en el nuevo período.

En un giro del destino, la representación de Diputados apeló el fallo, a pesar de que había sido el propio Germán Martínez, jefe de bloque del Frente de Todos, quien había impulsado la impugnación contra Reyes. Como si fuera poco, Cecilia Moreau decidió que “retiraba” la propuesta de los cuatro candidatos a integrar el Consejo: la propia Reyes, Alvaro González por el PRO y Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley por el Frente de Todos. Lo extraño es que la Corte ya había considerado que estaba todo correcto y se disponía a tomarles juramento, algo que ahora ha quedado en el limbo.

La pelea entre oficialismo y oposición ya se había ‘cargado’ a la reforma al Consejo, que nunca pudo avanzar. Los distintos proyectos se discutieron y sin posibilidad siquiera cercana de acuerdo, todos aceptaron de alguna forma la conformación de 20 integrantes, tal como funcionaba en 2006.

Queda evidenciado que el conflicto escalará a la Corte Suprema que otra vez tendrá que definir incluso los alcances de su propio fallo. Lo que aún no se estableció es qué posición tomará el Contencioso: la Cámara tendrá un rol fundamental como paso previo al Máximo Tribunal.

Los tiempos apremian: en menos de tres semanas, comenzará la feria judicial y la actividad -excepto urgencias- quedará en stand by hasta febrero. Mientras tanto, en el edificio de Libertad 731, impera una situación de expectativa. Desde afuera, hay quienes apuntan que el Consejo quedará inmovilizado hasta entrado 2023.