El juez en lo contencioso administrativo federal, Pablo Cayssials, hizo lugar a la demanda que inició la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que se declare la nulidad de una decisión que tomó el gobierno de Mauricio Macri con respecto a la causa Correo.

En 2018, el Poder Ejecutivo había cerrado el sumario administrativo por la quiebra del Correo Argentino, lo que significaba que el Estado renunciaba a buscar responsables o posibles irregularidades en lo que fue el acuerdo que se intentó establecer en la causa comercial y que incluso fue considerado como un “acuerdo ruinoso” por parte de la fiscal Gabriela Boquín.

De acuerdo al fallo publicado por el portal Palabras del Derecho, el fiscal a cargo de la PÍA Fiscal Sergio Rodríguez solicitó la nulidad el Decreto 907/2018 que, con firma de la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti, y el Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frias, declaró clausurado el sumario administrativo (que había abierto su antecesor Carlos Balbín).

Allí se declaró la inexistencia del perjuicio fiscal y de cualquier irregularidad administrativa imputable a personal alguno en relación a los hechos de la causa judicial de la quiebra del Correo Argentino.

La PIA buscaba lograr la reapertura de la investigación administrativa disciplinaria y el juez le dio lugar a ese pedido. Consideró que la fiscalía especializada en cuestiones de corrupción y de manejos administrativos tenía derecho a presentar y solicitar prueba en el marco del sumario administrativo antes de que se determinara el cierre.

El sumario es el proceso por el cual se investigan posibles irregularidades dentro del trámite administrativo y es un proceso interno. La causa correo, que actualmente está a revisión de la Cámara Comercial que debe definir si confirma la quiebra, tiene también un pata penal: justamente por el manejo que tuvieron los funcionarios y la oferta del Estado, se abrió en Comodoro Py una investigación que por ahora no tiene procesados y que está a cargo de Ariel Lijo.