La corrupción se quedó, una vez más, con la comida de los más vulnerables. Dos funcionarias del municipio de Pinamar giraban el dinero destinado a bolsones de alimentos para personas carenciadas a cuentas personales o de miembros de su entorno: se investiga el robo de unos $3 millones y resulta difícil imaginar cuántos changuitos de supermercado se podrían haber llenado con ese dinero y cuántas familias podrían haberse ido a dormir sin hambre, mientras personas ligadas a la política gozaban del beneficio. 

El año pasado, Data Clave denunció una estafa de punteros en Lomas de Zamora con las tarjetas, a través de otros mecanismos: registraban varios comedores y merenderos, modificaban los datos de los verdaderos titulares y se transformaban en beneficiarios. La pregunta que surge rápidamente es cómo puede ser que la asistencia que otorga el Estado en los barrios pueda terminar en negociados para unos pocos, a costas del sufrimiento de los más necesitados. 

Por estas horas un escándalo con tarjetas alimentAR involucra a funcionarias del partido de Pinamar por irregularidades en la entrega del beneficio social para personas en situación vulnerable y giros a cuentas propias y de personas del entorno. Las dos mujeres fueron detenidas junto a otras tres personas por el esquema ilícito que privó a personas con necesidades insatisfechas de poder acceder a alimentos de la canasta básica.

Luego de allanamientos llevados a cabo este jueves por la Policía Federal en la municipalidad, dos funcionarias de la comuna fueron detenidas junto a otras tres personas en el marco de la investigación, iniciada luego de la denuncia de la ex titular de Desarrollo Social local. ¿Nadie en el oficialismo actual sabía lo que ocurría? 

Las dos empleadas de la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar se llevaron lotes de la tarjeta alimentar que no habían sido entregadas por la pandemia, y las asignaron arbitrariamente a personas de su entorno. Como en Tartagal, donde una concejala y una funcionaria se quedaron con donaciones para la comunidad Wichi -y utilizaron la pandemia para eludir las entregas y acopiar y comercializar la ayuda social. 

El delito está calificado como defraudación en perjuicio de la administración pública pero la calificación no dice nada: quedarse con la comida de las personas que más padecen evidencia la bajeza con la que muchas personas ligadas a la política, la herramienta principal de transformación de las sociedades, actúan frente a los dramas sociales más profundos. 

Data Clave le consultó al intendente de Pinamar, Martín Yeza, por el escándalo que envuelve a su municipio: dijo que es “una situación desagradable que causa rechazo y por eso desde el inicio colaboramos con la Justicia”.

Además, aclaró que las mujeres que se quedaban con los fondos de las tarjetas eran “empleadas y no funcionarias” y ante la consulta respecto de cómo evadían los canales oficiales respondió que “hay una investigación penal a manos de la Justicia y una administrativa en el ámbito municipal”. 

Yeza dijo que conocía a las empleadas dos mujeres involucradas, "una tiene varios años y la otra había ingresado hacía dos o tres”, pero aseguró que no tenía sospechas. Al dar explicaciones sobre cómo pudo ser que nadie en el municipio haya visto nada, sostuvo que “para eso está la investigación sumarial” y dijo que si hay más funcionarios involucrados, la intendencia los apartará.

“Lo que nos define es qué hacemos ante los problemas. En mi caso siempre puse la cara”, respondió ante la pregunta de si existe una corrupción inherente al sistema y que atraviesa a todos los partidos políticos. 

La Tarjeta Alimentar es una política del ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistir a los sectores más necesitados en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Sólo puede ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica.