Los trabajadores del Estado vuelven a alzar la voz ante una nueva ola de despidos masivos. Este martes, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, anunció que estarán en “asamblea permanente” mientras preparan un plan de acción en respuesta a los recortes impulsados por el gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, el sector estatal perdió más de 36 mil empleos entre despidos, no renovaciones de contratos y jubilaciones, según datos del INDEC.

El ajuste se da en el marco del denominado "plan motosierra" que promueve la actual gestión y que incluye un recorte del 30% del Estado, con la fusión y eliminación de entes descentralizados. En diálogo con Ámbito, Aguiar advirtió que “los servicios básicos y esenciales no estarán garantizados si esto sigue avanzando”. Además, criticó que “los 800 millones de dólares que implican la baja de retenciones al campo no pueden compensarse con el despido masivo de estatales y el cierre de organismos públicos”.

X de Rodolfo Aguiar

Desde el Gobierno, sin embargo, negaron que los despidos sean para equilibrar la reducción en las retenciones al agro. Pese a esto, los recortes en diversas áreas siguen acumulándose. En los últimos días de diciembre y las primeras semanas de enero, hubo cesantías masivas en sectores como la Secretaría de Derechos Humanos, el Centro Cultural Haroldo Conti, y la Secretaría de Cultura, liderada por Leonardo Cifelli. Además, el Hospital de Salud Mental Laura Bonaparte reportó 190 bajas por "exceso de personal".

Contratos y exámenes de idoneidad

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger, implementó un examen de idoneidad como requisito para renovar contratos. Cerca de 40 mil empleados tuvieron sus contratos extendidos hasta el 31 de marzo de 2025, pero desde ATE aseguran que el número real de afectados supera los 55 mil.

De este total, los trabajadores deben cumplir con dos condiciones: aprobar la evaluación y recibir una valoración favorable de sus superiores. Hasta el momento, 9 mil empleados completaron la prueba, con un índice de aprobación del 95% en el primer intento, aunque disponen de hasta tres oportunidades para pasar.

El gremio estatal denuncia que este mecanismo funciona como un filtro para justificar los despidos masivos, mientras sectores clave como cultura, salud mental y derechos humanos son desmantelados bajo el argumento del achicamiento estatal.