Tras un paso por el fuero de menores, la causa por el asesinato de Lucas González pasó finalmente este viernes a la justicia criminal y correccional, donde el nuevo magistrado a cargo deberá definir la situación procesal de los tres policías que actuaron de manera directa en el homicidio del juvenil de 17 años. La primera decisión que tomó el juez Martín del Viso fue delegar la investigación en el fiscal Leonel Gomez Barbella. Esto significa que la fiscalía marcará el rumbo de la causa.

De hecho, a última hora, los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la detención de los tres efectivos de la Policía de la Ciudad que participaron del operativo en el que fue asesinado el adolescente el miércoles último en el barrio de Barracas.

Se trata del inspector Gabriel Isassi, el oficial mayor Fabián López y el oficial José Nievas, quienes se desempeñaban en la brigada de Sumarios e Investigaciones de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. Los tres quedaron acusados del delito de "homicidio agravado por haber sido perpetrado por miembros de las fuerzas policiales abusando de sus funciones", el cual prevé la pena de prisión perpetua en un futuro juicio oral.

El pedido fue firmado por los fiscales Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía nacional en lo Criminal y Correccional 32, y el fiscal Andrés Heim, a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin). Ahora, el juez Martín Carlos Del Viso debe avalar lo solicitado por el fiscal. había delegado en ellos la instrucción de la causa. 

Leonel Gómez Barbella, el fiscal a cargo de la investigación.
Leonel Gómez Barbella, el fiscal a cargo de la investigación.

Además, los fiscales pidieron que se dicte el secreto de sumario y rechazaron las eximiciones de prisión que habían solicitado los tres policías involucrados a través de su abogado, Alfredo Oliván. Para rechazar ese planteo, los fiscales consideraron que los imputados "tergiversaron los hechos al momento de informarlos a la autoridad judicial para mejorar su situación procesal, circunstancia que daría cuenta no solo de su voluntad de sustraerse del proceso penal que se le sigue, sino también entorpecer la investigación". Además, entendieron que, estando en libertad, los policías pueden "amedrentar y hostigar a testigos y familiares, mas aún conociendo los pormenores de un proceso penal por la función propia".

"Cabe destacar que este riesgo se torna especialmente grave en investigaciones vinculadas a delitos como los que nos convocan, en los cuales no pueden descartarse que, por su entidad, haya causado repercusiones psíquicas en las víctimas, que impacten negativamente sobre su voluntad de colaborar y testimoniar en el marco de la investigación, en caso de que la libertad de los imputados no sea restringida de momento", señalaron.

El derrotero de la causa

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº7 había recibido del juez de Menores Alejandro Cilleruelo una serie de evidencias que se recolectaron hasta el momento, entre las cuales están las armas reglamentarias y todo lo hallado en la escena de los disparos.

“Los únicos y verdaderos imputados en autos resultaban los policías”, dijo el magistrado Cilleruelo en referencia al inspector Gabriel Isassi, el mayor Fabián López y el oficial José Nievas. En el fallo donde declinó su competencia, afirmó que los adolescentes que viajaban con Lucas no habían cometido ningún delito y por lo tanto, la causa no podía estar en el fuero de menores. Antes de eso, había ordenado la realización de la autopsia, una de las medidas para saber con precisión (la que necesita el expediente judicial) de qué forma murió Lucas y trazar luego las posibles trayectorias que tuvo el disparo.

Las tres pistolas reglamentarias serán peritadas por la Policía Federal Argentina, debido a que la Policía de la Ciudad no puede intervenir en la causa. También se examinarán las vainas que se encontraron y los proyectiles, al igual que el auto en el que viajaban Lucas y sus amigos. Esos peritajes servirán para determinar de que arma salió la bala que mató al adolescente y quién era su titular.

El análisis de las cámaras cumplirá un rol importante. Desde la Policía de la Ciudad aseguraron que pusieron a disposición todos los elementos que tienen a su alcance, tanto las filmaciones como el dispositivo que controla de manera satelital donde están localizados los patrulleros. Como en todas las investigaciones, también se profundiza en la detección de cámaras de particulares que pudieran haber tomado alguna parte de la secuencia.

El rol de los acusados y las posibles condenas

Fuentes relacionadas con el expediente se preguntaban si era posible analizar el rol que tuvieron los policías que llegaron luego a la escena y que detuvieron a los amigos de Lucas. La figura de un posible encubrimiento a sus colegas flota en el aire, pero para que eso se compruebe se necesitan elementos que demuestren alguna irregularidad de su parte. Recordaban el caso de Cristopher “Bocha” Rego, asesinado por un prefecto en 2018: allí se condenó no sólo al tirador sino también a un grupo de efectivos por encubrir el accionar del asesino.

Para la familia, se trata de un homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario policial en ejercicio de sus funciones y su pena es la prisión perpetua. Con los elementos recolectados hasta ahora, la figura de un exceso en el cumplimiento del deber (que tiene una pena de hasta cinco años) quedó prácticamente descartada. Desde la defensa de los policías señalaron en varias entrevistas que los imputados estaban realizando tareas vinculadas a una causa por narcotráfico.

No obstante, no está claro por qué no se identificaron como policías antes de disparar ni por qué tomaron la decisión de efectuar los tiros letales. Si son llamados a indagatoria, tendrán la posibilidad de explicarlo, aunque en estas causas muchas veces se decide no declarar. El que definirá si son procesados y bajo qué calificación será el juez.