A dos meses de que la Superintendencia de Servicios de Salud interviniera la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), aumentaron las denuncias por cortes en los servicios prestacionales e interrupciones en la entrega de medicamentos.

Los inconvenientes afectan tanto a los tratamientos ambulatorios como los oncológicos y los de alto costo, agravando patologías existentes y estadios de enfermedades en pacientes con cuadros severos de los beneficiarios de OSPRERA de todo el país, que incluye a 700.000 trabajadores rurales y sus respectivas familias.

La intervención de la obra social se dio el pasado 26 de octubre, cuando el gobierno dispuso destituir al Consejo Directivo de OSPRERA, que había asumido en julio, luego de 15 meses de intervención judicial y con un mandato aprobado por el propio organismo gubernamental. Desde el gremio señalan que se formalizó fuera del horario administrativo, lo que impidió el derecho a la defensa, y por pedido de un juez que terminó apartado por incompetente.

A partir de ese momento, aumentaron notablemente las denuncias por cortes generalizados de servicios médicos y, principalmente, por la ruptura del circuito de dispensa y provisión de medicamentos. Además, se bloquearon las cuentas bancarias de las delegaciones de OSPRERA en todo el país, lo que generó la interrupción de la cadena de pagos que sostiene la asistencia médica de los beneficiarios. En consecuencia, se dejaron de autorizar y, por ende, de liberar las compras de medicamentos de alto costo, impidiendo su trámite de adquisición y entrega a pacientes oncológicos, con HIV o hemofilia, entre los más graves.

Desde el sector detallan hay pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas, epilepsia, insuficiencias renales, esclerosis múltiple, discapacidad, parálisis cerebral y trasplantados o a la espera de trasplante que corren grave riesgo de vida por la interrupción de los tratamientos médicos que les corresponden. 

En este marco, hay cientos de casos que se encuentran judicializados, con denuncias de incumplimiento, fijación de astreintes (medida compulsiva que se establece para obligar a cumplir una decisión judicial) e, incluso, se iniciaron causas penales por desobediencia judicial.

Las demandas, por ejemplo, provienen desde San Nicolás, provincia de Buenos Aires, por un paciente al que se le interrumpió la medicación; Río Cuarto, Córdoba, por un paciente que está esperando una prótesis para una cirugía de cadera por necrosis avascular bilateral; y en Salta, por una madre cuya hija, menor de edad, tiene cáncer y le interrumpieron su tratamiento oncológico. En Córdoba, particularmente, desde el 28 de noviembre pasado, la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de la provincia (ADAARC) comunicó a través de una carta documento que dejarán de prestar servicio a los afiliados de la obra social 30 días después de enviado el documento.

En este sentido, los prestadores de todo el país dejaron de recibir los pagos programados y comprometidos para garantizar la continuidad de los servicios de los beneficiarios. A esto se suma que la suspensión de pagos generalizada genera intereses, multas, punitorios y mayores costos.