El peronismo volvió a calentarse. Y no es por internas esta vez, sino por una cuenta pendiente con la Justicia que amenaza con sacar del juego a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras la Corte Suprema se apresta a confirmar la condena en la causa Vialidad (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos), el kirchnerismo ya puso en marcha su maquinaria. Ayer, Cristina tomo la palabra en una reunión de emergencia que convocó en la sede del Partido Justicialista. 

La novedad sacudió a los distintos sectores que aún orbitan alrededor de la figura de la ex presidenta. En su entorno aseguran que en las últimas horas recibieron un aluvión de apoyo de movimientos sociales, sindicales y políticos. El escenario es simple: si la Corte confirma la sentencia, Cristina queda afuera de las próximas elecciones. Y aunque su candidatura era para la legislatura en la Tercera Sección electoral de Buenos Aires, donde medía por encima del 50%, el golpe trasciende lo individual y se mete de lleno en el tablero nacional.

Lo que sorprendió incluso a los propios fue la rapidez con la que algunos gremios decidieron pasar a la acción. ATE Capital, la UOM y SMATA ya anunciaron que llamarán a un paro nacional si el fallo se confirma. La consigna es clara: no se trata solo de Cristina, sino de una “persecución política” que, según ellos, atenta contra el sistema democrático. “Defender a Cristina es cuidar la democracia”, avisó sin rodeos Daniel Catalano, titular de ATE Capital.

En ese tono se expresó también Abel Furlán, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica: “No descartamos ninguna medida de fuerza. Están atentando contra la democracia”. Furlán fue todavía más allá al confirmar su presencia este martes en la sede del PJ para participar de la reunión de urgencia: “Vamos a movilizar a los compañeros. Lo que está pasando es gravísimo”. Su gremio, golpeado por despidos masivos y la caída del empleo industrial, encontró en esta pelea judicial una forma de volver a escena con fuerza.

En SMATA, la línea es similar. El diputado nacional y dirigente Mario “Paco” Manrique fue tajante: “No podemos dejar que la voluntad popular se proscriba”. Y agregó: “Después de que Cristina anunció su candidatura, hay gente que quiere acelerar los tiempos. Lo que no pueden sostener en las urnas lo buscan imponer desde Tribunales”. Una idea que resuena entre los sindicalistas y que conecta directamente con el núcleo más duro del kirchnerismo: que la Justicia actúa como brazo ejecutor del poder económico.

Mientras tanto, la posibilidad de una gran movilización empieza a tomar cuerpo. Una referente de La Cámpora adelantó que ya se está organizando una marcha para el día que se conozca el fallo. Según versiones que circulan con fuerza, la sentencia ya fue filtrada por Ricardo Lorenzetti a algunos medios, aunque en el entorno de Cristina creen que el anuncio oficial podría llegar en cualquier momento, sin respetar siquiera la reunión de acuerdo prevista por el Tribunal.

La movida no se limita al conurbano. Incluso sectores del peronismo que habían jugado al diálogo con el oficialismo están dando un paso atrás. Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, envió representantes a la sede del PJ en señal de respaldo. Jalil, que hasta hace poco buscaba acuerdos con Milei, empezó a tomar distancia luego de que la Casa Rosada le recortara fondos, al igual que al resto de las provincias. El fallo contra Cristina, en ese contexto, se vuelve un punto de quiebre también para algunos gobernadores.

El tema ya traspasó fronteras. Desde el Grupo de Puebla, espacio que nuclea a varios ex presidentes latinoamericanos, se activó una campaña internacional contra la posible detención de la ex mandataria. “Es una causa viciada por la parcialidad y la arbitrariedad del tribunal”, dijeron, y avisaron que si la condena se confirma, llevarán el reclamo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre líneas, dejaron claro que consideran a Cristina una perseguida política, y que no piensan quedarse mirando desde afuera.

Más allá de los gestos y las declaraciones, lo que se juega en las próximas horas es el nivel de escalada que tendrá esta crisis. Desde el Instituto Patria no descartan que más gremios se sumen al paro en las próximas horas, mientras la CGT, por ahora, se mantiene en silencio. En paralelo, el recuerdo del intento de detención de Carlos Menem en 2001, en plena crisis de De la Rúa, reaparece como espejo de lo que puede pasar cuando la política judicializa la competencia electoral. Solo que, esta vez, el respaldo popular a la figura apuntada parece ser mucho mayor.