El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, anunció la creación un grupo de élite para “combatir” el narcotráfico y otros delitos más que entran dentro de la categoría de crimen organizado y algunos integrantes de la política santafesina y la nacional miraron de reojo está relacionado con quiénes integrarán esa estructura que dependerá de la Subsecretaría de Investigación Criminal.

La flamante “Unidad Especial de Investigación de Crimen Organizado” tiene como objetivo, de alguna forma, apuntalar el trabajo de los fiscales provinciales y federales, con los que el gobierno de Santa Fe mantiene una abierta disputa, debido a que consideran que sus actuaciones no han podido frenar o desarmar parte de la estructura criminal que funciona dentro de la provincia.

No solo en el MPA la noticia no fue bien recibida sino que la Cámara de Diputados ya recibió un pedido de información al respecto. El legislador Carlos del Frade presentó un proyecto de ley para que el gobierno, "a través de sus organismos correspondientes, informe las razones del anunciado acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y la policía del estado de Virginia de los Estados Unidos y cuál es el fundamento histórico que determina esa decisión de política pública".

"Las experiencias de colaboración de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos con los países sudamericanos siempre tuvieron resultados desastrosos", sostiene el texto entre sus argumentos, por lo que resulta fundamental "conocer las razones políticas y los hechos históricos que generaron la decisión del gobierno de Santa Fe de apoyarse en este tipo de herramientas".

Tal como lo adelantó Data Clave existe un gran recelo en la justicia por este nuevo ímpetu del gobierno provincial. “Las distintas dependencias internacionales colaboran en el país desde hace bastante tiempo y funcionan justamente de esa forma, como una colaboración y de intercambio de información”, aclaró un fiscal federal que trabaja en esa jurisdicción e hizo foco en despejar “fantasmas innecesarios”.

Incluso a nivel nacional, la presencia explícita de la DEA como parte de un plan para frenar la criminalidad no agradó. A pesar de lo cual, fuentes de la Procuraduría especializada en narcocriminalidad de la Nación (PROCUNAR), confirmaron que están al tanto de la creación de esta nueva fuerza y que participarán "como lo hacen con todas las demás fuerzas de seguridad que operan en territorio argentino, sean federales o provinciales".