Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola volvieron a pronunciarse en contra de un beneficio para Cristina Fernández de Kirchner. Esta vez, rechazaron el pedido de prisión domiciliaria que presentó la defensa de la ex presidenta, condenada a seis años de cárcel en el marco de la causa Vialidad. El dictamen fue entregado este martes al Tribunal Oral Federal 2, que ahora quedó en condiciones de resolver.

Ambos fiscales, los mismos que en el juicio oral solicitaron una condena de 12 años (aunque finalmente fueron seis), insistieron en que el arresto domiciliario es una medida excepcional que no aplica para este caso. "No se advierten razones humanitarias que justifiquen conceder una medida excepcional como lo es la detención domiciliaria", argumentaron, y remarcaron que Cristina Kirchner no presenta ningún problema de salud ni enfrenta condiciones de seguridad que tornen inviable su alojamiento en un penal.

Luciani y Mola también fueron los encargados de rechazar el mismo beneficio para Nelson Periotti, extitular de Vialidad Nacional, quien cumplirá 80 años el próximo 3 de julio y se encuentra en un estado de salud delicado. En ese expediente, los fiscales dijeron que esperarán los resultados de los estudios médicos forenses antes de volver a opinar. Pero ya dejaron en claro que el solo hecho de superar cierta edad no alcanza: "La detención en domicilio no es un derecho automático a partir de determinada edad, sino una excepción. Es potestad de los jueces concederla o no", remarcaron.

En el caso de Cristina Kirchner, el Ministerio Público fue aún más tajante. "No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario", indicaron en su escrito. También recordaron que en el informe socioambiental elaborado el pasado 12 de junio, la ex vicepresidenta aseguró estar en buen estado general.

Para reforzar su postura, Luciani y Mola compararon la situación de la ex presidenta con la de otros ex funcionarios del kirchnerismo. Mencionaron, por ejemplo, que el presidente del Tribunal Jorge Gorini ya le negó la domiciliaria al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, preso por la tragedia de Once, pese a tener más de 70 años y presentar problemas de salud. En este contexto, reclamaron que si se llegara a conceder el beneficio a Fernández de Kirchner, sea con el uso obligatorio de tobillera electrónica, algo que la defensa rechazó de plano al considerarlo innecesario.

En relación a la seguridad, los fiscales también despejaron cualquier excusa. Señalaron que el Ministerio de Seguridad de la Nación garantizó que puede ser protegida dentro de una unidad penitenciaria. De este modo, no encuentran justificación alguna para que se le otorgue un trato especial debido al atentado fallido que sufrió en 2022 o a sus anteriores cargos institucionales.

Ahora el Tribunal Oral Federal 2 deberá definir si hace lugar al pedido de la defensa de Cristina Kirchner o si respalda la postura de la fiscalía. Aunque el dictamen de Luciani y Mola no es vinculante, sí es un paso clave en la antesala de una decisión que podría volver a sacudir el escenario judicial y político. No hay plazos fijados, pero se espera una resolución en las próximas horas