El presidente Javier Milei, los ministros Luis Caputo y Patricia Bullrich, y el secretario de Desarrollo territorial, Hábitat y Vivienda Rodrigo Aybar Perlender fueron denunciados en la justicia federal por haber otorgado viviendas a efectivos de fuerzas federales de seguridad, que se habían construido bajo el programa Procrear y que en su momento se habían adjudicado por sorteo a otros beneficiarios.

Se trata de un conjunto de 160 departamentos, en el partido de Avellaneda, que ya estaban terminados y que se denominaron desarrollo urbano Sagol I y II, en recuerdo al nombre de un intendente de ese distrito.

Los departamentos se construyeron gracias al programas Procrear, que el gobierno de Milei disolvió. Pero antes del cambio de administración, fueron adjudicados por sorteo el 24 de noviembre de 2023 y los beneficiarios recibieron la notificación en sus casillas de correo electrónico.

Claro que con la llegada de los libertarios, los beneficiarios se encontraron con que les daban vueltas y no les permitían acceder a las viviendas que les habían sido asignadas y que pagarían con los créditos del Procrear. Todos ellos vivían en casas alquiladas. Pero hacer tres semanas, Patricia Bullrich decidió otorgar los departamentos a efectivos de las fuerzas federales de seguridad, desconociendo los derechos adquiridos por los beneficiarios originales del programa

Por ese motivo, el abogado Leonardo Martínez Herrero presentó una denuncia en representación de un grupo de damnificados en los tribunales de Comodoro Py, que tras el sorteo quedó radicada en el juzgado de Sebastián Ramos, con intervención del fiscal Ramiro González.

Los delitos que se le achacan a todos los funcionarios nombrados son los de "defraudación por desbaratamiento de derechos acordados (Art. 173 inc. 11 CP) en concurso con el de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, previsto en el art. 249 del Código Penal".

“La falta de respuesta, la particularidad de que este sorteo se planteó para personas y familias que actualmente viven bajo el régimen de un contrato de alquiler, el hecho de tener que renovar dicho contrato con los gastos que estos representan, en casos como el presente, sea está quizá la última posibilidad con la que puedan contar para acceder a una vivienda propia, movilizó al conjunto de beneficiarios del sorteo a unirse y reclamar una respuesta a distintos organismos”, recuerda la denuncia. Pero nada les respondían, pese a los números reclamos.

“Para mayor daño aun en desbaratamiento de los derechos acordados por parte del Estado, luego de ello La ministra de Seguridad, Lic. Patricia Bullrich, encabezó en el partido bonaerense de Avellaneda la entrega de esas mismas 160 viviendas a efectivos de las Fuerzas Federales, en el marco de un supuesto plan federal, cuando las viviendas en cuestión ya habían sido adjudicadas mediante sorteo oficial a beneficiarios particulares conforme las reglas, lo cual genera un conflicto jurídico directo respecto a su reasignación arbitraria”, agrega el denunciante.

El abogado explicó que el desbaratamiento de derechos acordados es un delito que castiga la conducta de quien, después de haber otorgado un derecho sobre un bien o acordado el cumplimiento de una obligación, realiza actos que impiden o dificultan el ejercicio de ese derecho o el cumplimiento de la obligación.