El conflicto en el Ministerio de Seguridad escala a niveles críticos. Mientras la ministra Patricia Bullrich redefine el rumbo del organismo con una mayor presencia de efectivos policiales, los empleados civiles denuncian que están siendo desplazados y sometidos a condiciones laborales cada vez más precarias. El gremio ATE pidió una audiencia urgente con la funcionaria y advirtió sobre un escenario de vaciamiento institucional, despidos encubiertos y juicios millonarios contra el Estado.

Desde hace más de un año, los trabajadores del Ministerio no tienen asignadas tareas y, en paralelo, se incrementa la presencia de personal de las fuerzas federales en funciones que históricamente fueron ocupadas por empleados administrativos. Según denuncian, la actual gestión solo se apoya en un grupo reducido de administrativos de confianza y, mientras tanto, la estructura se desmorona.

Pero el problema no es solo la falta de funciones. Los cambios en la modalidad de contratación generaron una ola de demandas judiciales contra el Gobierno. El caso más llamativo es el de los empleados de ACARA, que fueron obligados a modificar su relación laboral: en un giro insólito, ahora los están indemnizando y siguen en sus puestos. A su vez, aquellos que demostraron lealtad al oficialismo fueron recategorizados por excepción, aunque no cumplían con los requisitos formales.

“El perjuicio económico para el Estado va a ser monstruoso”, advierten desde el gremio. La situación ya fue observada en un dictamen del auditor Alejandro Barra, que dejó en evidencia la ilegalidad de las maniobras. Sin embargo, el Ministerio no ha tomado medidas correctivas y el escenario se sigue agravando.

En medio de este conflicto, la Junta Interna de ATE Seguridad le envió una carta a Patricia Bullrich exigiendo una reunión para tratar los problemas que afectan a los trabajadores del organismo. En la misiva, el gremio cuestiona la falta de recomposición salarial y denuncia que, a lo largo de 2024, los empleados del Ministerio sufrieron dobles recortes: la eliminación del incentivo y del bono, sumados a paritarias que no alcanzan a cubrir la inflación.

Si bien algunos trabajadores lograron acceder a recategorizaciones, desde ATE sostienen que “no alcanza para compensar la brutal pérdida de poder adquisitivo”. Además, el 30% del personal que estaba en diciembre de 2023 ya no forma parte del Ministerio, lo que refuerza la idea de vaciamiento.

Otro punto clave es la militarización de la gestión. ATE reclama que se garantice la participación de empleados civiles en la toma de decisiones y en puestos de dirección, algo que hoy no ocurre. Según la carta enviada a la ministra, el modelo actual margina a los trabajadores administrativos y traslada las tareas clave a efectivos de las fuerzas federales.

En este contexto, el gremio exige:

  • Recomposición salarial a través de un suplemento o suma fija.
  • Recategorizaciones por excepción para compensar la pérdida de ingresos.
  • Mayor flexibilidad en los requisitos para horas extras y eliminación de topes.
  • Restablecimiento de la conducción civil en el Ministerio.

Hasta el momento, la respuesta de Bullrich ha sido el silencio. Mientras tanto, el conflicto sigue escalando y las demandas judiciales contra el Estado se multiplican.