Organismos de derechos humanos están en alerta ante la inacción que detectaron en el Juzgado Federal de N°2 de San Martín, a cargo de la jueza Alicia Vence. Según sostienen, se trata de uno de los lugares en donde se llevan adelante varias causas clave por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura pero que presentan considerables demoras.

La jueza Vence tiene en sus manos la causa 4012 por los crímenes ocurridos en el centro clandestino que funcionó en la sede de Campo de Mayo. Según el colectivo Mario Bosch, que agrupa a abogados en causas de lesa humanidad en todo el país, en este expediente se presentó una nota señalando que en los últimos cinco años hubo trece pedidos de llamados a indagatoria por parte de querellantes y otras dos solicitudes por parte de la fiscalía. La magistrada no dio curso a ninguno.

Denunciaron a una jueza federal por graves demoras en causas de lesa humanidad

Los organismos denunciaron que el freno se advierte en los expedientes en donde se investigan las desapariciones de trabajadores en las fábricas Ford, Mercedes Benz y Techint.

El año pasado, acompañados por organismos de derechos humanos, organizaciones y sindicatos, familiares de víctimas y querellantes marcharon a las sedes del juzgado federal 2 de San Martín y la Cámara Federal de San Martín ante la parálisis que denuncian. Pidieron ser recibidos por los magistrados para exponer su “profunda preocupación” por los retrasos. La presentación fue respaldada por las agrupaciones Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otras organizaciones.

El eje del reclamo es la falta del llamado a indagatoria de alrededor de 50 acusados por crímenes cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en la guarnición militar y en la zona que estuvo bajo autoridad del Comando de Institutos Militares durante la última dictadura. En los últimos años, la megacausa Campo de Mayo entró en un letargo inexplicable. Desde 2019, apenas cinco acusados fueron llamados a declarar como sospechosos de esos crímenes. Para los denunciantes, el ritmo de “un acusado indagado por año” es realmente preocupante en causas tan voluminosas y complejas y que abordan delitos cometidos hace más de 40 años.

La investigación por los crímenes contra trabajadores de Mercedes Benz es un claro ejemplo de las dificultades para avanzar. La causa llevaba ocho años en el juzgado de Vence cuando finalmente hizo lugar al pedido insistente de las querellas para citar a indagatoria a Juan Ronaldo Tasselkraut, exgerente de producción de la planta que la automotriz tenía en González Catán. Inmediatamente después, la jueza dictó su sobreseimiento por secuestros, tormentos y homicidios. Esa decisión fue revocada por la Cámara Federal de San Martín. El empresario terminó procesado por dos de los 17 hechos que le imputaron. Otro de los investigados murió durante la tramitación.

Los organismos también se quejaron de la reducción de personal en las secretarías de derechos humanos de los juzgados, la demoras en el inicio de juicios orales por falta de magistrados o por “abuso de la virtualidad” y los impedimentos de los tribunales para garantizar la publicidad de los debates y su transmisión en vivo. Y, fuera del ámbito judicial, cuestionaron el impedimento desde el Poder Ejecutivo para garantizar el examen y revisión de los archivos estatales y el resguardo de la prueba documental que existe en los archivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de los diversos servicios de inteligencia.

Es parte de los reclamos que las distintas entidades quieren llevar ante la Comisión Interpoderes, el área creada en la Corte Suprema en un ámbito de discusión entre los organismos, la justicia y el Gobierno Nacional, con el fin de aunar esfuerzos institucionales para resolver las dificultades que provocan demoras en la tramitación de causas de delitos de lesa humanidad.