Bajo la consigna “Discapacidad en emergencia”, distintas agrupaciones de personas con discapacidad y ex trabajadores del Estado se movilizarán el próximo martes 23 de abril desde las 11 horas, en el Anexo del Congreso Nacional. La protesta apunta directamente contra la gestión del presidente Javier Milei, a quien acusan de haber profundizado el abandono del sector con recortes en pensiones, políticas públicas y despidos masivos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

No se trata solo de una manifestación más, sino de un grito colectivo para visibilizar una realidad que está siendo sistemáticamente negada. Las organizaciones denuncian que la discapacidad está en emergencia y que el ajuste no se detuvo ni frente a una población históricamente postergada. Según contaron, en vez de encontrar respuestas, se toparon con más trabas y desprotección.

Una de las voces que más fuerte se alzó en estos días fue la de Maive Carone Fernández, ex trabajadora de ANDIS, quien definió con crudeza la situación actual: “Esta gestión genera intriga contra grupos de la sociedad históricamente vulnerados, profundiza su estigmatización y se ausenta cruelmente de sus obligaciones. La persecución es, además, mediática y judicial”. La crítica apunta no solo al desmantelamiento del organismo, sino también al intento de desprestigiar a sus trabajadores y a los propios beneficiarios.

Entre los principales reclamos se destacan las auditorías que deben atravesar las personas con discapacidad para acceder a sus pensiones y asistencias. Muchos aseguran que el Estado impone barreras burocráticas deliberadas, con el objetivo de “sacarles la pensión que representa el 70% de una jubilación mínima”. A ese número, que ya es bajo, se le suman los tiempos de espera, la falta de personal técnico y la creciente dificultad para presentar documentación adecuada.

Desde el propio interior de la Agencia hoy desguazada, hay quienes confirman lo que se denuncia en la calle. Fuentes cercanas al organismo declararon a Noticias Argentinas que “la ANDIS debería garantizar los derechos y las políticas públicas para personas con discapacidad, pero no se hace porque no se quiere hacer. Es triste y frustrante”. La frase condensa el estado de situación actual: un organismo paralizado y una población que se siente desamparada.

Las agrupaciones que participarán el próximo martes integran un arco amplio de representaciones vinculadas a distintos tipos de discapacidad: física, sensorial, intelectual y psicosocial. En su mayoría, son espacios autogestivos que hoy reemplazan al Estado en lo más básico: acompañar, asesorar y contener. También formarán parte colectivos de ex empleados de la ANDIS que perdieron su trabajo a partir de enero y que vienen alertando sobre el vaciamiento del área.

“En este Gobierno, y quienes somos personas con discapacidad, padecemos la falta de políticas públicas hacia la garantía de derechos y a las mejoras en la calidad de nuestras vidas. Esta gestión va en detrimento de todo eso”, remarcaron desde la convocatoria. No piden privilegios, sino el cumplimiento de derechos ya reconocidos por ley. Lo que exigen es que el Estado vuelva a estar presente.

Actualmente, las pensiones no contributivas por discapacidad alcanzan poco más de 1 millón de personas en todo el país, y la mayoría de ellas se encuentra por debajo de la línea de pobreza. La situación económica actual, con una inflación que no cede y ajustes generalizados en áreas sociales, agrava aún más su calidad de vida. El 23 de abril prometen hacerse escuchar.