El Ejecutivo decidió este martes el despido de 2400 empleados del Ministerio de Justicia y eliminó un sistema de incentivos destinado a capacitaciones que, según argumentó, se encontraba “desvirtuado”. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien calificó estas contrataciones como “irregulares” y parte de “curros de la política”.

“Se eliminaron dos nuevos curros de la política relacionados al rubro automotor. El Ministerio de Justicia finalizó más de 2.400 contrataciones irregulares a través de ACARA. Estos empleados habían sido contratados de manera espuria durante décadas por fuera de los mecanismos previstos por el sistema nacional de empleo público”, sostuvo Adorni en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada.

La eliminación de estos contratos no fue sorpresiva. En noviembre, el Ejecutivo había ofrecido un retiro voluntario a unos 2.800 empleados del área de Justicia, quienes cobraban sus sueldos a través de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina). Finalmente, más de 2.400 fueron desvinculados en el marco de la política de recorte y reducción de la estructura estatal que el presidente Milei impulsa desde su llegada al poder.

Además de los despidos, Adorni anunció la supresión de incentivos que representaban un gasto de 15.600 millones de pesos anuales. “Inicialmente, estos pagos estaban destinados a la capacitación del personal, pero como suele ocurrir en el Estado, se desvirtuaron y se convirtieron en parte del sueldo sin ninguna justificación”, explicó.

La medida se enmarca en la reducción del gasto público y en la búsqueda de eliminar lo que el Gobierno define como “cajas políticas”. El vocero insistió en que toda estructura que represente “un negocio para pocos en detrimento de muchos” será eliminada.

Por otra parte, la jornada también incluyó un anuncio dirigido al sector del transporte. La Secretaría de Transporte oficializó el fin de la exclusividad que tenía la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en las capacitaciones de conductores profesionales. Desde 2019, el sindicato habría percibido 11.000 millones de pesos anuales para esta tarea.

A partir de esta resolución, cualquier prestador privado que cumpla con los requisitos podrá ofrecer las capacitaciones. Para ello, el Gobierno anunció la creación de un Registro de Prestadores de Evaluación y Formación Profesional destinado a la formación de conductores de transporte automotor de pasajeros, con el objetivo de “desregular y generar libre competencia” en el sector.

Los despidos y las reformas anunciadas son parte del plan de ajuste estatal que Javier Milei viene impulsando desde la campaña electoral, con un fuerte discurso contra la “casta” y los “negocios políticos”.