A pesar de contar con un consenso amplio, un proyecto del diputado oficialista Pablo Carro (Córdoba) para impedir que reciban ayuda estatal las empresas radicadas en paraísos fiscales o con evasión fiscal comprobada no pudo ser votada durante la famosa sesión del incidente con el diputado Juan Ameri. El oficialismo propuso modificaciones de último momento y los diputados opositores se abstuvieron a votar. El presidente Sergio Massa decidió enviar nuevamente a las comisiones la discusión.

Puntualmente, el cambio propuesto por la oficialista Fernanda Vallejos (Buenos Aires), en acuerdo con el bloque de Consenso Federal, se trata de un artículo que incluya también a empresas con vínculos probados con otra segunda empresa domiciliada en alguna guarida fiscales. La redacción de la modificación surge de un proyecto de Graciaela Camaño (Buenos Aires). Además, se incluyó también a las empresas que registren saldos impagos por tributos de índole nacional por montos iguales o superiores a los que la ley Penal Tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada.

Además, se incluyó también a las empresas que registren saldos impagos por tributos de índole nacional por montos iguales o superiores a los que la ley Penal Tributaria establezca para los casos de evasión fiscal agravada.

Desde Juntos por el Cambio recriminaron la nueva incorporación y retiraron su apoyo. "El oficialismo decidió cambiar un proyecto que ya tenía consenso", remarcaron. En este sentido, mantuvieron su firma al dictamen original porque consideran que la nueva redacción "tiene un sesgo anti empresa".

"Es un tiro a la inversión extranjera directa, lo que surge es que se empieza a quebrar un principio de igualdad. Aquellas empresas grandes que tienen radicación en otros países van a quedar excluidas de rebajas impositivas", dijo el diputado del PRO, Luciano Laspina (Santa Fe). Para la oposición "se amplía demasiado" el espectro ya que se le quitan los beneficios a aquellas empresas con vínculos societarios o comerciales con otras empresas que tengan fondos en paraísos fiscales.

Por su parte, Camaño afirmó que el proyecto apunta contra "las empresas que buscan el resquicio de la ley para no pagar impuestos" y remarcó que el Estado tiene que tener "eficiencia" frente a la pandemia. "Dejemos de tener estos discursos de enfrentamiento, una cosa es la crítica y otra que nada les venga bien", disparó a los diputados de Juntos por el Cambio.

En el oficialismo acusaron a la oposición de "querer desviar el debate" para atacar al Gobierno e insistieron con el destino de la iniciativa. "Estamos pidiendo que no se trate por igual a los que defraudan al Estado", sentenció Itai Hagman (CABA).

En este sentido, Jose Luis Gioja (San Juan) amplió: "Este proyecto define en qué vereda está cada uno. En esta emergencia, el Estado no puede proteger a los que tienen plata en guaridas fiscales. Está claro que la mayoría quiere que exista solidaridad".

El oficialismo pasó a la firma del proyecto nuevamente y lo dejó listo para volver a ser tratado en el recinto. Con apoyo de los bloques federales, obtuvo el dictamen de mayoría por 25 firmas contra 20 que cosechó Juntos por el Cambio.