Diputados de Juntos por el Cambio impulsan una capacitación obligatoria para el personal del Estado, una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual, tras el asesinato de Alejo Oroño.

“A Alejo, como hombre, le daba vergüenza denunciarla y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia”, remarcan en el proyecto, que lleva el nombre del joven de 22 años que fue apuñalado en el pecho por su mujer el viernes pasado en Hurlingham.

Su caso causó gran conmoción y se hizo público un video estremecedor del momento en que se produjo el ataque. Según las declaraciones de su familia, el joven había intentado radicar una denuncia en una comisaría, pero no se la tomaron.  A esto se sumó que “A él, porque era hombre, le daba vergüenza denunciarla”, expresó su prima en medios nacionales.

“Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala el proyecto del diputado nacional Eduardo Cáceres.

Cabe recordar que el legislador sanjuanino fue denunciado por su expareja el año pasado en la Comisaría de la Mujer. Él se defendió alegando que se trataba de una "falsa denuncia", sin embargo se tomó licencia y se reintegró recientemente.

Desde Juntos por el Cambio citan dos estudios para justificar este proyecto de ley. Uno es el informe de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) que indica que "los hombres tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte".  De los pocos datos relevados por ese organismo, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 23% de las personas denunciadas en 2019 fueron mujeres. Y la violencia de pareja (incluye: cónyuges, convivientes, novias/os y ex parejas) resulta la principal causa de denuncia entre los mayores de 18 años, y se estima que el número sería mayor si habría conocimiento de las normas y comisarías especializadas.

El otro estudio, titulado "Partner Abuse State of Knowledge Project", publicado por el Grupo de Investigación de la Violencia Doméstica (Revista Springer Publishing "Partner Abuse"), demostró que existe paridad en las tasas para hombres y mujeres tanto como agente activo como agente pasivo del abuso y se recomienda reconocer a las víctimas masculinas.

También mencionan como antecedente el caso de Agustín Muñoz, el chico de 18 años que vivía en San Carlos de Bariloche y que se quitó la vida tras una falsa denuncia de violencia de género.

Los puntos principales de la iniciativa son ampliar los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres; desarrollar políticas públicas en educación, justicia, seguridad y trabajo, entre otros organismos, y campañas de difusión; crear una línea gratuita de asistencia; comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención y respetando el previsto por el Decreto 721/2020 para trans, travestis y transgénero; abordar derechos y garantías mínimas en procedimientos judiciales y administrativos, y crear un observatorio para analizar los casos; tipificar las falsas denuncias y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica; y establecer mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales.