Mientras afuera el sindicalismo copaba las calles con una movilización, adentro del Congreso se abría un nuevo frente de conflicto: diputados del oficialismo, el PRO y la UCR retomaron el debate por la eliminación de la llamada cuota solidaria sindical, una herramienta clave para el financiamiento de los gremios. La discusión arrancó en la Comisión de Legislación Laboral, presidida por el radical Martín Tetaz, que dio inicio a una serie de reuniones informativas cargadas de tensión.

El primer encuentro no empezó en calma. El ingreso al edificio fue restringido por un fuerte operativo de seguridad, con calles valladas y denuncias cruzadas entre los propios legisladores. La diputada libertaria Marcela Pagano fue una de las primeras en lanzar acusaciones: “Fue Martín Menem el que ordenó frenar el ingreso de invitados”, disparó, dejando expuesta la interna dentro del oficialismo. El clima, ya caldeado por la protesta en la calle, terminó por colarse en el recinto.

Aunque en esta instancia no se discutieron los textos a fondo, la mayoría de los proyectos coinciden en un punto: la eliminación del aporte solidario, un descuento aplicado sobre los sueldos de los trabajadores no afiliados, destinado a sostener actividades sindicales. Las iniciativas también proponen limitar la reelección de dirigentes y aplicar criterios de “Ficha Limpia” para quienes ocupan cargos gremiales. Los bloques que motorizan estas reformas son los mismos que respaldaron el fallido DNU 70/2023: La Libertad Avanza, el PRO y un sector de la UCR .

Entre las propuestas sobresale el proyecto de la diputada santafesina Romina Díaz, del ala más cercana a Karina Milei. Su texto, titulado “Promoción de Inversiones y Empleo”, va más allá de la cuestión sindical, plantea una desregulación laboral profunda, introduce un sistema de banco de horas, modifica modalidades de contratación y directamente elimina la cuota solidaria sindical. Todo esto bajo el paraguas de generar condiciones “más flexibles” para el empleo formal.

Del otro lado del ring, Unión por la Patria y los bloques de izquierda ya dejaron claro que van a resistir cualquier intento de avanzar sobre los derechos laborales. Muchos de sus diputados tienen vínculos directos con los sindicatos y ven en estas reformas un intento por vaciar de poder a las organizaciones gremiales. “Quieren debilitarnos para que no haya más paritarias y que las empresas impongan condiciones sin oposición”, fue la frase que más se repitió durante la jornada, tanto dentro como fuera del edificio.

La tensión no se limita al Congreso. A esta pulsada se suma el Decreto 149, publicado el pasado 28 de febrero, que eliminó los aportes obligatorios de las empresas a las cámaras patronales. Aunque esta medida no apunta directamente a los sindicatos, en el mundo gremial la interpretan como un globo de ensayo para avanzar contra sus propias fuentes de financiamiento. Es decir, un paso más hacia una reforma integral del sistema laboral argentino.

El cronograma parlamentario ya está en marcha. La próxima reunión informativa será el martes 15 de abril a las 11 de la mañana, donde se esperan nuevos expositores y posiblemente un primer cruce formal entre las distintas posturas. La Casa Rosada busca acelerar el tratamiento legislativo, aunque sabe que el terreno no es sencillo: el rechazo en la calle y las divisiones internas en el Congreso anticipan un camino accidentado.

Por lo pronto, la CGT y las principales agrupaciones sindicales ya avisaron que seguirán en las calles. La marcha frente al Congreso, convocada originalmente en respaldo a los jubilados, tuvo un mensaje más amplio que fue mostrar fuerza en un momento en el que el sindicalismo siente que está bajo ataque  Las próximas semanas serán clave para saber si el oficialismo logra avanzar o si el rechazo gremial logra frenar otra vez el intento de reforma laboral.