El conflicto por el financiamiento universitario vuelve a estallar en la Cámara de Diputados. Danya Tavela y Maximiliano Ferraro encendieron la mecha presentando un proyecto de ley que apunta a blindar los fondos del sistema público. Se trata de una nueva jugada de la oposición dialoguista, que busca presionar al Gobierno de Javier Milei en medio de un escenario donde la educación pública sigue siendo eje de tensión.

La iniciativa propone que las partidas presupuestarias de las universidades nacionales se actualicen de manera automática, combinando la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024 y, desde el próximo año, utilizando una fórmula que incluye 50% de IPC, 25% de tipo de cambio oficial para importaciones y 25% de tarifas de servicios públicos. Además, se impulsa la reapertura de paritarias para docentes y no docentes apenas se sancione la ley, para recomponer salarios golpeados por la inflación.

"Frente a un contexto de ajuste fiscal que desfinancia a nuestras universidades, proponemos una ley que garantice previsibilidad, calidad educativa y acceso igualitario en todo el país", sostuvo Tavela, quien integra el bloque Democracia para Siempre. Ferraro, de la Coalición Cívica, fue aún más directo: "Destruir las universidades es destruir el futuro del país. Su desfinanciamiento no es un simple ajuste, es una decisión política que asfixia a nuestras universidades, compromete su funcionamiento, el pago de salarios y la calidad educativa".

El proyecto también introduce cambios profundos en la distribución de los recursos. Propone reformar el artículo 58 de la Ley de Educación Superior, incluyendo criterios objetivos como la cantidad de estudiantes, tipo de carreras, áreas estratégicas, egresos y actividades de investigación, además de garantizar equidad regional y transparencia. De esta forma, se busca cortar con la discrecionalidad de los fondos y hacer que las asignaciones se basen en datos concretos.

"Presentamos esta ley convencidos de que el acceso a una universidad pública y de calidad no puede depender de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Es responsabilidad del Congreso garantizar el derecho a la educación consagrado en nuestra Constitución", agregó Tavela en su intervención. La propuesta suma respaldo de legisladores como Marcela Antola, Victoria Borrego, Mónica Fein, Facundo Manes, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot, entre otros.

La Auditoría General de la Nación (AGN) también tendrá un rol central si avanza este proyecto. El organismo, presidido actualmente por Juan Manuel Olmos, deberá emitir informes de control y seguimiento sobre el destino de los fondos universitarios, en un contexto donde el resto del directorio tiene mandatos vencidos y el Congreso aún no designó nuevos representantes.

Esta ofensiva parlamentaria reaviva un conflicto que estalló el año pasado, cuando el Congreso sancionó una norma que establecía actualizar las partidas de 2023, pero fue vetada por Milei el 3 de octubre. La Cámara baja no logró juntar los dos tercios para rechazar el veto, y así la ley quedó caída. La norma contemplaba recomposición salarial automática y ajuste bimestral por inflación, condiciones que ahora los bloques dialoguistas intentan reponer a través de este nuevo proyecto.

En paralelo, desde Unión por la Patria, el diputado Pablo Carro propuso convocar a una Consulta Popular Vinculante para que la ciudadanía decida sobre el financiamiento universitario. "Resulta evidente que el ajuste presupuestario pretende socavar de a poco la autonomía universitaria", advirtió Carro, anticipando que este debate se mezclará inevitablemente con la campaña electoral de 2025.