La Cámara de Diputados retomó la actividad en el recinto con su primera sesión del año para sancionar el proyecto de sostenibilidad de la deuda, que había logrado unanimidad en el Senado. La izquierda fue el único espacio que se opuso a la medida negando la unanimidad a la sanción. El diputado oficialista Juan Carlos Alderete y la macrista Maria Piccolomini registraron las abstenciones. 

La diputada oficialista, Fernanda Vallejos, aseguró que “es importante que estemos empezando a recorrer este camino de fortalecer una nueva institucionalidad democrática de nuestra economía con una legislación tan necesaria como esta”.

Por su parte, el diputado del PRO, Luciano Laspina, criticó algunos aspectos de la propuesta pero afirmó que “la Ley trae cierta claridad respecto a la potestad del Poder Ejecutivo de prorrogar la jurisdicción en materia de endeudamiento. Algunos ejecutivos lo hacían por decreto, otros por ley, y esto salda de alguna forma el debate”, dijo.

Desde el interbloque Federal, Luis Contigiani, apuntó que “esta ley es una autocrítica de la política y el campo popular frente a la deuda. Hay que entender que no hemos sabido investigar, esclarecer ni limitar la timba financiera y la fuga de capitales”. Por la misma bancada, Jorge Sarghini, sentenció: “Esta es una ley que mira para adelante pero apoyada en una historia de desaciertos”.

El bloque del FIT, de Nicolás del Caño, argumentó su voto en contra por considerar que el proyecto es “una verdadera impostura”. “Hace que el Congreso actúe como una escribanía que dé garantía a todas las operaciones de deuda en jurisdicciones extranjeras”, indicó el legislador.

La normativa del poder Ejecutivo establece que el Presupuesto de cada año “deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones de títulos públicos autorizadas para ese ejercicio”.

Toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras que supere dicho “porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente”. En su segundo artículo dispone que todo programa o extensión de un acuerdo con el FMI tiene que contar con un aval “expreso” del Congreso. 

También se votó con 233 votos positivos, un gran consenso entre bloques, un proyecto que consagra en favor de determinados familiares de los tripulantes del A.R.A. San Juan, el derecho a percibir, por única vez, un beneficio extraordinario de carácter económico. Dicha iniciativa se complementa con el resto de las acciones realizadas en reconocimiento a la tripulación.

Luego de esto, Diputados dio media sanción al proyecto para promover las inversiones en la construcción que incluye un nuevo blanqueo. La votación tuvo 205 afirmativos, 2 negativos y 11 abstenciones. La iniciativa otorga beneficios impositivos al sector de la construcción, tal como adelantó Data Clave, en el debate de comisiones de Vivienda y Presupuesto y Hacienda, el oficialismo incorporó al proyecto para reactivar la construcción modificaciones claves negociadas con las cámaras empresarias y la oposición. 

La iniciativa dispone de exenciones fiscales con el objetivo de reactivar la construcción a nivel país. Puntualmente, sobre Bienes Personales propone que se exima del Impuesto sobre los Bienes Personales “al valor de las inversiones en proyectos de inversión realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022”. El marco general de la normativa alcanza a las “viviendas nuevas” que estén en un proceso de hasta un 50% de finalización de obra.

Además, esta nueva redacción incluye la “Consolidación de un Plan Nacional de Viviendas” en la órbita del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. La cartera que conduce Jorge Ferraresi será autoridad de aplicación y regirá el avance de las obras que están por debajo del 50% de terminación, haciéndose cargo de determinar el saldo pendiente para la culminación de las obras. Apuntan a la reactivación de más de 50 mil viviendas que fueron quedando sin terminar durante los últimos años de crisis económicas.

Una de las modificaciones que se concretó es la rebaja al “impuesto especial” que tendrán que pagar quienes blanqueen. El nuevo proyecto plantea que los fondos ingresados desde la fecha de entrada en vigencia de la ley y hasta transcurrido el plazo de 60 días corridos pagarán un impuesto equivalente al 5% del capital blanqueado. En tanto, quienes lo hagan entre el día 61 y el día 90 pagarán 10%. Y los que blanqueen entre el día 91 y el 120 abonarán 20%. En estos dos últimos casos hay una reducción de 5 puntos porcentuales respecto al proyecto original, algo que era reclamado por diferentes sectores de la oposición.