La Cámara de Diputados activó la agenda de proyectos pendientes desde el inicio del año por las disputas internas para la conformación de las comisiones que demoró el arranque de los debates. En un martes cargado, y en el marco de distintas reuniones de comisión, avanzaron varios proyectos de corte productivo y uno que es esperado por el sector de la salud.

En una de las primeras reuniones del dia, un plenario de las comisiones de Acción Social y Salud Pública, presidida por la socialista Mónica Fein (Santa Fe), y la de Presupuesto y Hacienda, al mando del oficialista Carlos Heller (Caba), diputados se pusieron de acuerdo para avanzar nuevamente con un dictamen para el proyecto que actualiza la ley de VIH, hepatitis y enfermedades infecciones de Transmisión Sexual.

La nueva legislación propuesta por la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillard (Entre Rios), establece el acceso universal y gratuito al tratamiento, garantizado por el sistema de salud tanto público como privado. La iniciativa considera que toda prueba deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal y promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C.

Luego, en un plenario de las comisiones de Agricultura, que preside el radical Ricardo Buryaile, y de Presupuesto y Hacienda, Diputados emitió dictamen por segunda vez al proyecto del Ejecutivo que crea un “marco regulatorio para el desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial”. La iniciativa tuvo gran aceptación y un amplio apoyo en la media sanción del Senado y espera en Diputados la sanción definitiva. Según la cartera de Desarrollo Productivo, en los mensajes que envió el ministro Matías Kulfas al Congreso, el potencial económico de la actividad para el año 2025 se proyecta en 10.000 nuevos empleos, US$500 millones en ventas al mercado interno anuales y US$50 millones de exportación anuales.

Los interesados no son solo los oficialistas, hace pocos días, el proyecto que envió al Congreso el Ejecutivo recibió el apoyo de diversos sectores incluidos la oposición y los industriales. Los gobernadores del Norte Grande, con Gerardo Morales entre los presentes, llevó una lista de temas que reclamaban aprobar con prioridad y entre las que se encontraban el marco regulatorio para el cannabis.

Aún sin una definición extraoficial de las expectativas con la que irán a la reunión los distintos bloques, todos coinciden en las altas chances de que ocurra un dictamen para dejar listo el proyecto de cara a una posible sanción definitiva en el recinto. “Entiendo que hay amplio consenso por que ya se había dictaminado la media sanción de senadores, que se cayó por el Cambio de composición de las comisiones”, apuntó una de las autoridades del plenario a Data Clave. La oposición no tiene una postura definida aún y se reunirá en la previa pero el proyecto es seguido de cerca por el gobernador de Jujuy y no tiene objeciones desde los bloques.

Diputados puede tener el primer paso para empezar a tratar las agendas productivas pendientes como ley Agroindustria, electromovilidad, los beneficios para la industria autopartista y el blanqueo a la construcción. El miércoles se seguirán sumando nuevas comisiones que se conformarán y definirán autoridades.

Alquileres se posterga una semana

La titular de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau (Buenos Aires), convocó a reunirse el miércoles 11 de la semana próxima, a las 14 horas, para continuar discutiendo el proyecto que ya tuvo más de 100 expositores de todo el país en cuatro jornadas de debate. En principio el cierre de la discusión estaba planificado para esta semana pero los acuerdos se demoraron.

“Tienen que trabajar a full para conseguir los consensos para ese día”, aseguró una fuente parlamentaria del oficialismo con acceso a la mesa de negociaciones. El objetivo del Frente de Todos es conseguir un dictamen de mayoría para este miércoles y cumplir con la necesidad de tener una alternativa a la ley actual este mes de mayo.

Juntos por el Cambio tiene una postura casi cerrada con respecto a lo que pretende. Según fuentes parlamentarias, el bloque opositor quiere que los contratos duren 2 años con actualización cada 6 meses y que los montos no tengan tope, que la negociación sea entre las partes. El oficialismo está más cercano a lo que piden los inquilinos y eso es un problema para alcanzar un consenso con la oposición.“Esta muy complicado un acuerdo”, coincidió con Data Clave una fuente de la conducción del bloque en la Cámara de Diputados pero Moreau en la comisión anticipó que irán en busca de un texto consensuado.

Para finalizar, en esta misma comisión se pasó a la firma la prorroga al proyecto de incentivos a la construcción que incluye un blanqueo de capitales para aquellos que inviertan en emprendimientos inmobiliarios. El proyecto que reclama un secctor de los industriales tiene la firma de Sergio Massa y de Cristian Ritondo por lo que reune amplio conenso entre los bloques mayoritarios.