Organizaciones de la sociedad civil y de personas que viven con el virus del Sida reclamaron esta semana la “urgente” media sanción al proyecto de “respuesta integral al VIH” que aspira a reemplazar la vieja ley de 1990. La representantes de las ONGs apuran a los legisladores porque consideran que “no hay más tiempo”.

La nueva ley de respuesta integral al VIH recibió en el último mes dictamen en las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda que conducen los oficialistas Pablo Yedlin y Carlos Heller y quedó lista para ser tratada en el recinto. 

El proyecto de ley deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA del año 1990. En este nuevo texto, propone incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS) a la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral (medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc).

La iniciativa que espera ser sancionada no debería tener problemas para conseguir el apoyo en el recinto pero choca contra los tiempos del parlamento. Ocurre que la mayoría de los proyectos pendientes en la Cámara de Diputados han quedado trabados por las intensas negociaciones internas en los bloques y los cruces entre oficialismo y oposición por el manejo de la agenda. Juntos por el Cambio, que se asume ganador de las elecciones legislativas, prefiere esperar a la nueva composición de la cámara para imponer los temas económicos que consideran urgentes. Entre los que figuran la reforma a la ley de Alquileres.

Del otro lado, el Frente de Todos tiene tensiones a cielo abierto por el rumbo económico y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Con poco tiempo en el calendario del 2021, tiene por delante la ardua tarea de tener que ratificar en ambas Cámaras el Presupuesto 2022 y el paquete de leyes económicas con las que busca marcar el rumbo de la reactivación.

Entre los beneficios el proyecto establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para quienes padezcan estas enfermedades, a la que podrán acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años transcurrido el diagnóstico. 

Además, prohíbe la realización de la prueba diagnóstico de estas enfermedades en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso de la relación laboral. En este sentido, la prueba podrá ser: voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test.

Hasta ahora, solo está confirmada la sesión preparatoria del 7 de diciembre y sin expectativas de poder armar una sesión antes del recambio del 10. Para diciembre, el oficialismo tiene en carpeta una agenda con proyectos económicos, habrá que ver si puede colarse en alguna lista de consenso.