En marzo último, la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que la acusaban de "asesina" por priorizar a Rusia como proveedor de vacunas contra el covid-19.

Pasaron cinco meses y la exmandataria fue aceptada como querellante, según informó Noticias Argentinas. Además, el juez del Juzgado Criminal y Correccional N°5, Manuel De Campos, se declaró “incompetente” para seguir interviniendo en el caso y envió el expediente a la Justicia Federal.

Nilda Lilian Melhem, vecina de Recoleta, es la principal sindicada en la causa. Su abogado Matías Cúneo Libarona pidió, sin embargo, que la vicepresidenta no sea tenida como querellante, argumentando que “el sujeto pasivo del delito" es el empresario Juan Ignacio Albistur, uno de los adjudicatarios de la cartelería publicitaria en la vía pública.

“Si el hecho por cual pretendió ser querellante es el de ‘hostigamiento’, debería presentarse ante la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (…)  Si pretendía ser querellante por un hecho configurativo del delito de ‘intimidación pública’ debería presentarse ante el fuero federal”, añadió el letrado.

Cúneo Libarona argumentó que en la causa "no se investiga la comisión de un delito contra el honor", y dijo que si la vicepresidenta "quisiera que se investigue el delito de injurias debe promover personalmente o por apoderado una querella con requisitos absolutamente distintos, en otro ámbito, ante otro juez, bajo otro procedimiento y sin un fiscal, ya que un delito de acción privada. No debe subirse a una denuncia de un tercero ajeno”.