El fiscal Carlos Stornelli no se presentó este martes ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que lo volvió a citar luego de que no concurriera el martes pasado para que exponga en el expediente sobre el pedido de enjuiciamiento a los integrantes de la Corte Suprema impulsado por el Poder Ejecutivo y una docena de gobernadores. 

Stornelli, requerido en calidad de testigo, envió un oficio a la Procuración General de la Nación, interinamente a cargo de Eduardo Casal, en el que afirmó que se encuentra la espera de que se le remita el pliego de preguntas que desee formularle la comisión parlamentaria y afirmó que de haberlas recibido las hubiera contestado el mismo día.

Para justificar su ausencia, Stornelli se apoyó en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ministerio Público Fiscal, que eximen a los fiscales de la obligación de comparecer cuando son convocados como testigos por un tribunal. 

Según el reglamento de la comisión de Juicio Político, encargada hace varias semanas de llevar la investigación contra los cuatro cortesanos, sólo pueden excusarse y enviar escrito el Presidente, el vice, sus ministros y los acusados. Hasta ahora todos los convocados han participado, sin embargo, esta semana se puede abrir un nuevo capítulo en la interpretación de la normativa y la legalidad del proceso.

El artículo 250 del Código Procesal Penal afirman que “No estarán obligados a comparecer el presidente y vicepresidente de la Nación; los gobernadores y vicegobernadores de provincias; el jefe y vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los ministros y legisladores nacionales y provinciales; los miembros del Poder Judicial de la Nación y de las provincias; los ministros diplomáticos y cónsules generales; los oficiales superiores de las fuerzas armadas desde el grado de coronel o su equivalente, en actividad; los altos dignatarios de la Iglesia y los rectores de las universidades oficiales”. 

Gran parte de Comodoro Py sostiene que no los pueden obligar a asistir para declarar a un magistrado, incluidos los fiscales. Consideran que un reglamento de una comisión está por debajo de una ley, como es el Código Procesal Penal, que les permite declarar por escrito si son llamados como testigos. 

La decisión de Stornelli abrirá una nueva polémica entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -que respalda la posición del fiscal-, ya que desde el oficialismo se advirtió la semana pasada que si no se presenta impulsará un pedido de desafuero ante la Procuración General de la Nación para obligarlo a concurrir a exponer personalmente ante la comisión. 

Además de Stornelli fueron citados los abogados Juan Manuel Olima Espel (Secretario Institucional de la Procuración General de la Nación), Marcelo Mazzeo (abogado), Sebastián Garay (Secretaría de Juicios Originarios de la Corte) y Natalia Hilda Monayer (Vocalía del Presidente de la Corte).