Veinte días es el tiempo que el Código Procesal le otorga a Casaciónpara tomar una decisión. Las opciones son simples: ratificar el juicio o sobreseer a los involucrados. Es cierto también que no sería la primera vez que una sala de la Cámara de Casación demora mucho más que eso en definirse, aunque este expediente tiene componentes donde una demora podría ser inconveniente.

Tanto Daniel Petrone como Diego Barroetaveña son de carrera judicial o sea que transitaron los distintos cargos dentro del sistema antes de convertirse en jueces. Petrone, el presidente de la sala, fue juez en lo Penal Económico y de un Tribunal Oral Federal antes de llegar a la Casación en 2018. Ese mismo año juró Barroetaveña, que pasó primero la justicia de San Isidro y estuvo después más de diez años en el Tribunal Oral Criminal 21, el que condenó a José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreyra. La única en esa sala que “vino de afuera” fue Ana María Figueroa, que logró llegar al lugar más importante por debajo de la Corte Suprema en 2011 y después de más de 30 años de ejercer como abogada. 

Figueroa es considerada en Tribunales como una jueza cercana a los planteos que realiza el kirchnerismo. No es tanto eso lo que le reprochan sus compañeros sino su “verborragia”. Lo último que el gobierno de Cambiemos. No porque crean que son imposibles sino porque cualquier magistrado (y más en ese cargo) tiene el deber de denunciar ese tipo de cuestiones cuando suceden, “no cuatro o tres años después”.

Petrone y Barroetaveña suelen votar en sintonía. Su última gran aparición mediática fue con el fallo donde ratificaron la validez de las declaraciones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos. Si bien eso fue leído como un aval a toda la causa, en esa ratificación hay un detalle crucial, un mensaje a futuro: esas declaraciones deben tener “algo más”. “La discusión podrá versar, en su caso y eventualmente, en el valor de convicción de las declaraciones prestadas en tales términos al momento en que deban ser evaluadas junto a las restantes pruebas del caso”, dijo Barroetaveña en ese fallo.

Petrone lo siguió en ese razonamiento: “las declaraciones prestadas bajo la ley del arrepentido configuran, en suma, un elemento que, tras una atribución de coherencia lógica y relacionado con otros medios probatorios, podrá -o no- constituir un indicio suficiente que deberá necesariamente ser merituado  en el conjunto probatorio”.

Más allá de sus antecedentes, aquí la cuestión debe definirse entre dos posibilidades: tomar el peritaje realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales como prueba suficiente de la inexistencia del delito y sobreseer o seguir adelante con el juicio como ordenó el Tribunal Oral Federal 1. El fiscal de Cámara Raúl Plee planteó que correspondía la segunda opción e incluso tomó las palabras de Cristina Fernández de Kirchner para sustentarlo. ¿Cómo? Retomó la importancia del juicio oral y público, algo que la vicepresidenta había marcado en su exposición.

“¿Para qué hacer un juicio que saben que terminará en absoluciones masivas?”, se preguntaba hoy por la tarde un fiscal en diálogo con Data Clave. Un juez de Tribunal Oral Federal (que no interviene en esta causa) marcó una pauta: los magistrados no pueden valerse únicamente de un peritaje. De otra forma, cualquier informe del Cuerpo Médico Forense o de un psicólogo podría ser válido para cerrar una causa. “Son elementos obviamente importantes pero que deben ser evaluados por un juez, que es el que tiene la última decisión. Sino, cualquier perito sería juez y listo”, marcó.

"No son los tribunales penales a quienes les corresponde evaluar las políticas económicas adoptadas por los restantes poderes del Estado”, firmó, allá lejos y hace tiempo, el juez Martín Irurzun cuando le tocó intervenir en 2007 en la causa por el Megacanje, junto con su colega Horacio Cattani. Una frase que fue rescatada casi ocho años después por el Tribunal Oral Federal que absolvió a Domingo Cavallo por esa maniobra. ¿Podrá volverse a leer algo semejante en este expediente?