Dolores Etchevehere, hermana del exministro de Agroindustria del Gobierno de Cambiemos Luis Miguel Etchevehere, recibió nuevamente una mala noticia judicial. La Cámara de Casación Penal de Paraná declaró “inadmisible” el recurso presentado por contra la decisión que remitió a juicio oral la causa por supuesta usurpación, luego de que se instalara en la estancia familiar, en la localidad entrerriana de Santa Elena, con gente del Proyecto Artigas.

La mujer fue denunciada por su propia madre, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, en calidad de titular de la firma Las Margaritas SA, propietaria de la finca Casa Nueva.

En el caso, la Fiscalía peticionó que Dolores sea juzgada por los delitos de usurpación y desobediencia judicial. Para el fiscal Oscar Sobko, la hermana del exministro macrista “carecía de todo derecho para esa toma de posesión, ya que no tenía derechos hereditarios sobre la propiedad, al haber cedido su parte en forma onerosa con anterioridad”.

En su imputación, el fiscal sostuvo que Dolores, junto a otras 40 personas, ingresó a la estancia familiar y exigió la entrega de las llaves, a través de amenazas e intimidaciones a los trabajadores del lugar, usurpando las instalaciones y realizando trabajos en la tierra.

Luego de 14 días de conflicto, la Justicia dispuso el desalojo de la estancia, donde se encontraba Etchevehere junto a militantes del Proyecto Artigas -cercano a Juan Grabois-, y ordenó el "reintegro en forma inmediata" del predio.

Dolores Etchevehere recibió otro revés y quedó más cerca del juicio por usurpar el campo familiar

Tras el desalojo, Dolores fue escoltada por la policía hasta la salida del predio y trasladada a la Jefatura Departamental de Policía de La Paz, donde permaneció detenida durante algunas horas.

Meses atrás, el juez de Garantías de La Paz, Walter Carballoelevó a juicio el expediente. La decisión fue enviarla a juicio por usurpación pero fue sobreseída por el delito de desobediencia al entender que la Fiscalía no trató del mismo modo a los hermanos Etchevehere (Luis Miguel, Juan y Sebastián), quienes desoyeron la orden de restricción -no acercamiento al establecimiento- que había dictado el juez subrogante de La Paz, Raúl Flores.